Tras celebrar la primera sesión el pasado 29 de noviembre, la vista continuará este jueves con la declaración de un perito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otro de la defensa, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Cabe recordar que durante su declaración los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, se acogieron a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de sus letrados y se desvincularon de los hechos.

Al respecto, tres de ellos negaron cualquier relación con las empresas explotadoras y propietaria de la finca. Uno de los acusados negó que haya ocupado cargo alguna en ellas; otro que desempeñaba su labor a tiempo completo como maestro, mientras que una de las mujeres precisó que su gestión al frente de otra de las empresas fue a partir de finales del año 2013, y los hechos están comprendidos entre 2009 y 2012.

De los otros tres, dos aseguraron que la propiedad de la finca, ubicada en Almonte, "no tuvo nunca nada que ver" en su explotación y el tercero señaló que la sociedad de la que era responsable no explotaba la finca en el periodo en el que se investigan los hechos.

Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado para ellos tres años y diez meses de prisión y el pago de 12.200 euros de multa, a razón de una cuota diaria de 20 euros durante 20 meses.

Su conducta punible se centra en las extracciones realizadas en la citada finca, con una superficie de 150 hectáreas y siendo propiedad de una sociedad, pero cuya explotación la llevan a cabo otras tres empresas. Esta finca está situada en la Zona II del Plan de ordenación del territorio de Doñana, lo que implica la existencia de limitación a la extracción de recursos hídricos subterráneos.

El fiscal remarca en su escrito que las empresas explotadoras han estando utilizado agua subterránea del acuífero 27, entre 2009 y 2012, para sus respectivas actividades agrícolas, sin que conste autorización alguna por parte de la CHG que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan.

Por ello, considera que se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho periodo y que la misma implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar, por lo que remarca que los hechos cometidos constituyen en una serie de infracciones con trascendencia penal, al haberse estado captando agua subterránea de "forma abusiva y sin control alguno".