Así lo han señalado desde la administración después de que hoy se haya conocido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pedido a la Fiscalía y a las partes personadas en el procedimiento abierto a raíz de las denuncias contra el decreto-ley de plurilingüismo de inicio de curso que se pronuncien sobre la posibilidad de llevar esa

norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

La Diputación de Alicante ha instado a que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra las medidas de urgencias aprobadas por el Consell al considerar que con esa norma se pretende "eludir" la suspensión del decreto de plurilingüismo paralizado cautelarmente por el TSJ valenciano y "evitar" volver al modelo del PP de 2012 como había ordenado el alto tribunal.

Al respecto, desde la Conselleria han remarcado que "desde hace semanas el proceso de derogación del decreto de plurilingüismo de 2017 está en marcha y en breve será efectiva". Por tanto, apuntan, "con la

derogación, automáticamente decae la causa por la que la Diputación de Alicante está personada y, en consecuencia, decae el caso".

De esta manera, el decreto-ley de septiembre "no corre ningún riesgo" y, "en conclusión, no hay caso", insisten.

Por último, recuerdan que los grupos parlamentarios tramitaron recientemente la que será para el próximo curso la nueva Ley de Plurilingüismo en Les Corts.