A juicio de la entidad, la sentencia "desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impide que la Comunitat Valenciana adopte normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en el ejercicio legítimo de sus competencias autonómicas".

Asimismo, el Cermi CV ha lamentado en un comunicado que el TC "haya abandonado" la doctrina que había asumido en un auto anterior en esta misma causa, en el que afirmaba que el derecho a la salud y la conveniencia "de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".

Además, ha recalcado la existencia de cinco votos particulares en contra del criterio de la mayoría del pleno del TC y en los que "se muestra su preocupación por que la vía informal de mejora de la legislación básica en materia de sanidad constituya el único recurso del que pueden disponer las comunidades para procurar combatir la exclusión social derivada de una política restrictiva".

El Cermi CV recuerda que varios organismos de derechos humanos han concluido que el decreto ley del Gobierno central 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud "que generó la exclusión sanitaria es contrario a las obligaciones de España bajo los tratados que regulan estos derechos, por tratarse de una medida regresiva injustificada y discriminatoria" y ha criticado que, cinco años después, el ejecutivo central siga haciendo "caso omiso" a las recomendaciones de estas instituciones.

CONSECUENCIAS "CATASTRÓFICAS"

Por ello, sostiene que si el TC "mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario".

Según el Cermi CV, en la Comunitat Valenciana hay 23.500 personas que pueden tener cobertura sanitaria gracias al Decreto Ley 3/2015 anulado, en su gran mayoría, "inmigrantes en situación irregular, incluidas mujeres embarazadas, menores de edad y casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias".

Frente a este escenario, el Cermi CV asegura que "redoblará" sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes "para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular" e insta a la derogación de esa norma "ya que es el mayor ataque al estado social, de derecho y al sistema sanitario público".