El gremio del taxi hizo hoy sonar sus cláxons en la calle para celebrar una buena noticia navideña. Su lucha contra la plataforma digital Uber, a la que acusaban de "competencias desleal", dio hoy un paso gigantesco después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya sentenciado que la compañía estadounidense "no responde a la calificación de servicio de la sociedad de la información", sino a la de "servicio de transportes".

La consecuencia del fallo —que coincide con la visión previa expresada en mayo por el abogado general Maciej Szpunar—es diáfana. Para operar, la empresa debe poseer una licencia oficial y autorización municipal. Algo que no cumplía en 2014 en España cuando estrenó UberPop, una app que remuneraba y ponía en contacto a conductores no profesionales que usaban su propio vehículo con personas que querían un desplazamiento urbano.

La Corte de Luxemburgo responde así a la cuestión que le elevó un juzgado de Barcelona sobre la denuncia interpuesta en 2014 por Élite Taxi, un gremio que representa a más de 2.000 taxistas. Y su análisis es claro: Uber "está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte". Es decir, debe disponer de licencia, como el resto de taxistas.

Y lo argumenta de varios modos. Uber, dice, "no se limita a intermediar entre un conductor no profesional que usa su coche con otras personas que desean desplazarse", sino que "crea y organiza" una oferta de servicios de transporte urbano mediante herramientas informáticas.

Además, su aplicación es "indispensable" para hacer el desplazamiento y sin ella "los conductores no podrían prestar el servicio; y ejerce también una "influencia decisiva" en cómo se presta el servicio porque "fijan el precio máximo de la carrera, controla la calidad de los coches y el comportamiento de sus conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de estos".

"Un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios, así como del ámbito de la Directiva sobre el comercio electrónico", dice en concreto la sentencia, que insta ahora a España a regular las condiciones de prestación de este servicio respetando las normas de funcionamiento de la UE.

Uber: "No cambia nada en la operativa"

La sentencia supone a la compañía —presente en unas 400 ciudades de 70 países— la posibilidad de enfrentarse a restricciones de negocio en la UE otras ciudades comunitarias usan como referencia la sentencia de la Corte de Luxemburgo. Pero la compañía está tranquila. "No cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE", ha expresado en un comunicado.

En lo que se refiere a la regulación en España, está cumpliendo con la sentenciaLa calma de Uber reside en que solo cuatro países comunitarios —Polonia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia— operan con UberPop, el modelo que introdujo en su estreno europeo. El lanzamiento en Barcelona y Madrid se produjo a mediados de 2014. Pero poco después, un juzgado de lo mercantil de Madrid ordenó cerrar la aplicación y prohibir su actividad en toda España.

La empresa renació en 2016 como UberX, un nuevo modelo —utilizado en la mayoría de los países europeos— en el que los conductores tienen licencia de chófer: la famosa VTC que tiene otro conflicto abierto porque la proporción de una licencia de este estilo por treinta de taxis, no se está cumpliendo. El nuevo modelo no regresó a Barcelona.

Por eso la filial española de Uber estima que la sentencia se refiere a un hecho pasado y que ya cumplen la ley. Solo en los cuatro países citados del este de Europea, si media una sentencia judicial que cite la jurisprudencia europea, debería cambiar el modelo. "Pero en lo que se refiere a la regulación en España, está cumpliendo con la sentencia", ha asegurado, por cierto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Los taxistas piden sancionar a Uber

"Los efectos de la sentencia se extienden desde su entrada en España hasta la actualidad", matizan en cambio desde Fedetaxi, la principal asociación de taxistas españoles, que urge a Madrid y Cataluña a "revisar todas las rutas operadas en este tiempo y proceder a sancionar a Uber si no ha cumplido la norma en todos ellos. Según sus cálculos, la multa podría ascender a 5.000 millones de euros.

De momento, la consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo, asegura que su área "analizará en profundidad" la sentencia. "Haremos valer nuestras competencias en la línea en la que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la convivencia entre ambos sectores y controlar que cumplen las normas de juego".

Efecto en otras aplicaciones de economía colaborativa

"Es una resolución judicial de gran trascendencia por las conclusiones que se pueden extrapolar a otros negocios que en la actualidad siguen intentando eludir las responsabilidades legales propias del servicio que presta", aseguran desde SBC Abogados, el despacho que llevó la causa de Elite Taxi contra Uber.

El Parlamento Europeo reclamó hace meses a la Comisión Europea que acabe con el "vacío legal" de plataformas como Airbnb o Uber, porque que se benefician de "zonas grises" en la legislación laboral y fiscal. Pero Bruselas siempre ha sido partidaria de estudiar el caso particular de cada una.