"Como medida primordial es necesario que las viviendas en asentamientos irregulares tengan derecho a agua, luz y también a escritura, a través de la figura jurídica de lo que se llama un AFO, al igual que ocurre con las parcelaciones pues, al fin y al cabo, un asentamiento es una especie de parcelación, y no hay razón para que exista esta discriminación", ha indicado en un comunicado el asesor legal del colectivo, Gerardo Vázquez.

Para Vázquez, "la idea de esta nueva LOUA es buena dado que trata de agilizar los plazos en la tramitación del planeamiento" si bien ha hecho hincapie en que también "consideramos importante que sea obligatoria la inscripción en el Registro de la Propiedad de los procesos encaminados a la demolición de viviendas, como lo es en otras comunidades autónomas, para que los terceros inocentes no se vean ante la tesitura de haber comprado una casa con una orden de demolición".

Ha trasladado que los afectados por viviendas irregulares echan, asimismo, en falta en esta nueva LOUA "alguna mención de los derechos humanos al domicilio y a la propiedad del ciudadano, dado que estos derechos humanos marcan el límite de la actuación de la administración".

Vázquez ha indicado que, por otro lado, el borrador de la nueva LOUA establece el derecho del ciudadano a obtener información urbanística del Ayuntamiento "pero no establece que dicha información sea vinculante ni siquiera la adecuada responsabilidad del Ayuntamiento si la información es errónea".

"Se alargan cada vez más los plazos que tiene la administración para reaccionar contra la construcción de viviendas que podrían ser ilegales, pero a nuestro entender ello sólo es una muestra de su incapacidad para actuar contra las ilegalidades urbanísticas", ha lamentado para precisar que el plazo original de cuatro años, recientemente cambiado a seis años, "ya era más que suficiente si existiesen los medios adecuados para luchar a tiempo contras las ilegalidades urbanísticas y ahí está la clave".

Para el asesor legal de AUAN, alargar el plazo a ocho años, como está previsto en el borrador de la nueva ley, "sólo fomenta la inseguridad jurídica y quiebra confianza del ciudadano en los actos de la administración, pues no es de recibo, para dar un ejemplo, que un ciudadano construya pensando que lo ha hecho legalmente, y una vez pasados siste años, la administración le diga, lo siento mucho, pero tu vivienda es ilegal y vamos a actuar contra ella", ha concluido.