Así lo ha indicado el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana (ICOFCV), que ha concretado que junto a la multa, el juez ha impuesto el cierre del local por un delito de intrusismo. Esta entidad ejercía de acusación particular en el procedimiento.

Fue la unidad del Seprona de la Guardia Civil de Castellón quien abrió inicialmente el proceso contra estos dos pseudoprofesionales tras una inspección en la que detectaron irregularidades.

En el establecimiento de Castellón, un gabinete de estética y belleza, los condenados estuvieron ofertando y aplicando durante dos años tratamientos terapéuticos de fisioterapia a sabiendas de que no estaban facultados para ello, ni desde el punto de vista técnico-sanitario, ni desde la habilitación legal, ya que carecen del título universitario de fisioterapeuta que les capacita para ello.

Estas dos personas sólo disponían de diplomas de academias no regladas que ofertan cursos de 'masaje y técnica corporal'. Sin embargo, realizaban actos sanitarios para la mejora de la salud consistentes en masajes terapéuticos y deportivos para artrosis, artritis, esguinces, tendinitis o codo de tenista. También para el tratamiento de dolores de espalda como lumbalgias, dorsalgias o ciática. Actividades todas ellas, propias de los profesionales sanitarios fisioterapeutas, que requieren una formación y capacitación adecuada.

El Colegio de Fisioterapeutas ha destacado que esta sentencia firme es un "paso importante" en la lucha por la defensa de la profesión y del derecho de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad y profesional.

"Esta es la primera sentencia en firme que consigue la nueva directiva del Colegio de Fisioterapeutas en los más de tres años que lleva trabajando y luchando por la defensa de la profesión y del derecho a una atención sanitaria de calidad de los ciudadanos", ha agregado.

Esta condena en sí misma es "muy significativa" porque "demuestra que la justicia ya está valorando que está en juego la salud de la ciudadanía, que esta merece ser tratada por un profesional sanitario bien cualificado y que es una responsabilidad de todos luchar porque sea así". "Tenemos abiertas más causas similares y esto es un buen precedente", ha subrayado el decano del ICOFCV, Josep Benítez.

El asesor jurídico del Colegio, Santiago Sevilla, ha recalcado que con estas acciones "estaban poniendo en grave peligro la salud de los usuarios que, al amparo de una publicidad falsa, recibían los servicios de los condenados como presuntamente sanitarios cuando en realidad no lo eran".