Así lo ha explicado este lunes el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, quien ha recordado que las alegaciones presentadas por el PP ya fueron rechazadas en el Pleno ordinario en el que se aprobaron las ordenanzas de 2018 y ha defendido que ninguna de las cuestiones que plantean los 'populares' son ilegales, sino que responden a posiciones políticas "ya debatidas en el Pleno".

El Pleno Gato ha explicado que la sesión extraordinaria en la que se debatirán estas alegaciones y previsiblemente se aprobarán de forma definitiva las ordenanzas fiscales se celebrará este jueves, ya que, ha recordado, el expediente tiene que estar concluido antes de fin de año, ya que entrarán en vigor el 1 de enero.

El edil ha explicado que, más allá de las doce alegaciones, de las cuales sólo se ha aprobado una presentada por un particular, las principales novedades son la congelación de los impuestos y tasas para los ciudadanos, salvo "dos actuaciones puntuales".

Se trata, en primer lugar de la eliminación de bonificaciones a vehículos diésel poco contaminantes, debido a que esta medida, de la que el pasado año se pudieron beneficiar hasta 3.500 propietarios de coches, "iría contra la política medioambiental" que quiere mantener el equipo de Gobierno.

En segundo lugar, se trata de una decisión en materia de movilidad, ya que se decidió duplicar en 2018 el precio de la hora de aparcamiento regulado en la 'zona naranja', en el entorno del Mercado del Val y la plaza del Poniente, donde los 60 minutos pasan de costar 70 céntimos a 1,40 euros.

El edil ha incidido en que es una medida "mínima", pues esta zona está formada por 80 puestos del total de 7.500 que están reguladas en la ciudad y ha incidido en que fueron los comerciantes del Mercado del Val quienes plantearon esta posibilidad y que este tipo de estacionamiento merece "una mayor contribución" que la zona azul para que las plazas no estén ocupadas demasiado tiempo por el mismo vehículo.

El concejal Antonio Gato ha recalcado que estas medidas supondrán 400.000 euros más de ingresos, si bien ha asegurado que sólo las bonificación de vehículos diésel poco contaminantes en 2017 se situaron en torno a los 500.000 euros. "No hay motivación recaudatoria, simplemente ser coherentes con políticas medioambientales y de movilidad", ha justificado Gato.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha apuntado también el desacuerdo de su formación con la "subida" del precio de la tarifa del agua para "12.000 personas" pensionistas mayores de 65 años en 2018 en una cantidad de 15 euros al año, lo que supone un total de "110.000 euros".

Esta cifra se sumaría al impacto que tendrían las modificaciones a favor de las arcas municipales en lo relativo a la retirada de las bonificaciones al diésel y la subida de la zona naranja, que el PP cifra en 500.000 euros.

Martínez Bermejo ha recordado que en los años anteriores también "han subido los impuestos", pues en los de 2016 el equipo de Gobierno no aplicó la rebaja del valor catastral que habilitó "el ministro Cristóbal Montoro" y que habría permitido rebajar el impuesto de bienes inmuebles. "Critican mucho a Montoro, pero cuando permitió bajar los impuestos, el Ayuntamiento de Valladolid no quiso", ha aseverado.

También en las ordenanzas de 2017 se aplicaron cambios en impuestos como el de actividades empresariales (IAE) y el IBI para ciertas empresas, que, calcula Martínez Bermejo, han incrementado los ingresos en "700.000 euros".

En conclusión, ha lamentado el portavoz 'popular', el equipo de Gobierno sube los impuestos "de manera indiscriminada" a "quienes compraron coches de diésel euro 6, que contaminan menos, pero van a pagar el doble", duplica el precio de la zona naranja y "sube el agua" a los pensionistas.

Ante todo ello, y aunque da por hecho que sus alegaciones quedarán rechazadas en el Pleno de este jueves, el PP "sí que quiere la congelación de impuestos e incluso la bajada".

La única propuesta, llegada por parte de un particular, que sí que modificará las ordenanzas inicialmente aprobadas es la reducción en el precio propuesto para el día de estacionamiento en el aparcamiento de caravanas de la Feria de Valladolid, que bajará de nueve a cinco euros, lo que ha sido considerado aceptable por el Servicio de Movilidad.