"El Estado suspende con sobrados argumentos y motivos, y la Conselleria [de Igualdad y Políticas Inclusivas] progresa adecuadamente, pese a que necesita mejorar". Este es el balance que hacen las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana cuando se acaban de cumplir once años de la aprobación de la norma. Un texto que generó grandes esperanzas y expectativas para un colectivo vulnerable, ya que, como expresa en su título, busca garantizar la autonomía personal de quienes no pueden valerse por ellos mismos y apunta a la extensión de un derecho equiparable al de la sanidad, la educación o las pensiones.

Sin embargo, el desarrollo de la ley, que quedaba en gran medida en manos de las comunidades autónomas, pero con déficits de financiación, se encontró con enormes trabas burocráticas y de gestión, y con el grave problema de la crisis económica, a la que siguieron duros recortes sociales que lastraron su puesta en funcionamiento y posterior consolidación.

La parte más positiva es que el sistema valenciano de atención a la dependencia ha superado por primera vez desde la aprobación de la ley la cifra de 60.000 personas atendidas a través de algún servicio o prestación económica. Según informó la semana pasada la vicepresidenta y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante el mes de noviembre se incorporaron 2.016 personas al sistema, un dato que si se contabiliza desde enero de este año, alcanza las 13.301 resoluciones. Desde julio de 2015 se han incorporado 35.446 nuevos beneficiarios al sistema de dependencia, lo que ha reducido la lista de espera en 15.338 personas.

Esta "agilización en la resolución de expedientes", según explicó Oltra, responde al plan de impulso diseñado por la Generalitat a principios de 2016 con el objetivo de reducir el número de personas pendientes de atender que había al inicio de esta legislatura y que alcanzaba las 45.000, y que está permitiendo introducir en el sistema una media de alrededor de 30 expedientes al día.

Sin embargo, "no todo son buenas noticias", explican desde las plataformas. "La importante lista de espera que todavía arrastramos es una de nuestras grandes preocupaciones: 29.148 personas (a 1 de diciembre de 2017) todavía esperan ser atendidas", afirman desde este colectivo. "Es innegable que en 2016 y 2017, con la mejora del funcionamiento del sistema, el número de solicitudes casi se ha cuadriplicado", un hecho que ha contribuido a disminuir la lista de espera en las citadas 15.338 personas. El informe realizado por las Plataformas de la Comunitat Valenciana también destaca el aumento de valoraciones y espera que la incorporación de 400 profesionales a los servicios municipales y el aumento presupuestario de 10 millones de euros tengan un impacto positivo en el desarrollo del sistema.

El último informe del Observatorio de la Dependencia publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a la valenciana como la tercera comunidad en la que más avanzó el sistema de atención a la dependencia en 2016, pero el lastre de la década anterior todavía la coloca en los últimos puestos en solicitudes y en número de personas atendidas.

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia califican la etapa de 2012 a 2015 como "la más nefasta" en la Comunitat Valenciana. Se acumularon 45.000 personas en lista de espera y se calcula que unas 30.000 fallecieron sin recibir la ayuda, un hecho que tildan de «barbarie».