A pocos días de unas elecciones decisivas e inéditas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende la "aplicación ponderada" del artículo 155 y la convocatoria del 21-D, de la que espera que despeje las dudas económicas y "restaure la convivencia en Cataluña".

¿Cree que el bloque constitucionalista tiene posibilidades de ganar las elecciones?

Sí. Una mayoría constitucionalista sería muy positiva para el ciudadano. No puede ser que el proceso independentista monopolice la acción de todo un gobierno. Hay datos muy significativos, como que de los 604.000 ciudadanos en lista de espera quirúrgica en toda España, 156.862 estén en Cataluña. En el IRPF, y por el salario medio, que es de 22.858 euros al año, pagan en Cataluña 226 euros más que en otras Comunidades. Son decisiones que toma la propia Comunidad Autónoma.

Usted es gallego, vive en Madrid y ha visitado toda España. Hoy está en Barcelona. ¿Le ayuda a entender las tensiones que han traído hasta aquí?

España es un país plural y diverso, en el que nos une mucho más de lo que nos separa y llevamos cinco siglos juntos. Somos el país europeo que antes logró su unidad nacional. No se puede frivolizar con eso.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Carles Puigdemont?

No recuerdo la fecha exacta, pero sí que le dije que no autorizaría un referéndum de independencia. Porque creo en la soberanía nacional y porque la Constitución no me lo permite y ese referéndum sería ilegal. Y eso lo saben perfectamente quienes impulsaron el proceso.

¿Debería haberles escuchado más?

Hablé, y mucho, con Artur Mas y luego con Puigdemont. Pero ahora hemos sabido que había un plan desde muy atrás para hacer un referéndum por la independencia. Una decisión unilateral que me presentaron como: referéndum sí o sí. Por fortuna, salió mal. Se ha demostrado que el Estado tiene instrumentos para defenderse.

Si fuera posible, ¿cambiaría algo del 1 de octubre?

El objetivo es que no hubiera un referéndum, y no lo hubo.Fue una pantomima, sin ningún elemento básico de una consulta democrática. Ese día, la Guardia Civil, a las órdenes del juez, hizo lo que estuvo en sus manos. Los responsables de lo que ocurrió fueron los promotores de ese acto ilegal. Pero hubo urnas y, aunque de forma sui generis, se votó. Es cierto que no se pudo evitar que aparecieran urnas, pero no se puede llamar votación a lo que ocurrió. Votar no es solo introducir un papel en una urna. Es respetar unas reglas y garantizar unos resultados creíbles. Nada de eso pasó. Pero no siempre salen las cosas como a uno le gustaría.

¿El proceso se ha utilizado para ocultar los problemas de Cataluña?

No creo que fuera la única razón, o la determinante. Tomaron la decisión porque creyeron que les convenía. Era algo planificado para obligar al Gobierno de España a negociar bajo amenaza de ruptura. Y, mientras, el conjunto de los españoles, con el FLA y el pago a proveedores, era solidario con los problemas de la Generalitat. Si el Estado no actúa, quiebran. Conviene que los gobiernos se ocupen de los problemas reales, no de ensoñaciones.

¿Aplicar el artículo 155 de la Constitución ha sido la decisión más difícil de sus mandatos?

Sí. Había y hay opiniones diversas. Pero yo no opino, tengo que hacer algo mucho más difícil como presidente del Gobierno, que es decidir. Y creo que hice lo justo y no me precipité. Puigdemont tuvo tiempo de sobra y muchas oportunidades para evitarlo.

Algunos le pedían un plazo más largo de aplicación.

Hemos planteado un 155 razonable. Desde la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez que se cesa a un gobierno en Europa. No era fácil y por eso quise acompañarlo de una convocatoria de elecciones. Escuché al resto de fuerzas políticas y a lo que decían en Europa. Hoy comprobamos que las cosas están funcionando con normalidad y el comportamiento de los servidores públicos está siendo ejemplar.

¿Se puede prolongar la vigencia del artículo 155?

El texto aprobado por el Senado establece claramente el plazo de aplicación del artículo 155: hasta que el Parlamento de Cataluña elija a un nuevo Gobierno.

¿Cómo explica que la aplicación de la medida la esté rentabilizando Ciudadanos, según las encuestas?

Para mí no existió condicionante electoral. Nunca ha habido una violación tan flagrante de la legalidad y mi obligación era que la legalidad volviera a estar en vigor en Cataluña. A partir de ahí, a ver qué sucede en las elecciones. Aquí cambia mucho el sentido del voto entre unas autonómicas y unas municipales.

¿Qué cree que puede pasar?

En un escenario tan polarizado, la gente puede pensar que el voto útil es sumarse al que cree que va a ganar, pero es importante votar al que no va a fallar y no puede haber un gobierno constitucionalista sin un PP fuerte. En cualquier caso, puede haber un coste electoral. Pero si no cumplimos la ley, es la selva.

En Cataluña ha caído el turismo, han salido dos bancos y miles de empresas. ¿El relato económico ha sido más potente que el político?

Lo que se ha visto es cómo engañaron a la gente prometiendo que la independencia sería algo maravilloso. Y han hecho un daño enorme a la economía catalana. Las prioridades de la gente son poder trabajar, sacar a su familia adelante, tener servicios públicos. Cataluña tiene unas empresas fantásticas, pero 3.000 se han ido.

¿Por qué cree que se han ido?

Porque el mayor enemigo de la economía y, por lo tanto, del bienestar de la gente, es la inseguridad jurídica y la incertidumbre que han generado los promotores de la ruptura. Espero que, tras las elecciones, las empresas vuelvan a Cataluña, pero para eso ha de haber certidumbre.

¿Habrá un plan específico para Cataluña?

Sí. Queremos resolver estos temas con el nuevo gobierno catalán. Pero lo primero y más eficaz es que haya seguridad jurídica. Es lo que quieren las empresas, y no digamos los inversores internacionales. Habrá muchas multinacionales que, a poco que se les dé una oportunidad, se instalarán aquí.

¿Cómo restaurar la desafección causada por la crisis, por casos de corrupción como la trama Gürtel, que afecta al PP?

No hay sociedades perfectas. Hemos vivido casos de corrupción, una crisis galopante, la amenaza de un rescate, la declaración unilateral de independencia... Pero hay algo muy importante, que funcionen los instrumentos previstos en la ley. Con ellos hemos superado todas esas dificultades. También los casos de corrupción que se están viendo en los tribunales. Es muy positivo que la ley actúe.

Dos decisiones judiciales sobre asuntos muy diferentes, el ingreso en prisión de líderes independentistas y el retorno de las obras de Sijena a Aragón, ¿cómo pueden influir en campaña?

Es difícil predecirlo. Ambas son decisiones judiciales que tenemos que respetar. Hay quien está interesado en que se perciba como una agresión, pero es el funcionamiento normal de un Estado de derecho. Ni mi Gobierno ni ningún gobierno autonómico ha tomado la decisión de que volvieran los bienes a Aragón. Fue una resolución judicial.

¿Y en el caso de los dirigentes encarcelados?

Desde luego mi Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre las personas que formaban parte de la Generalitat o que estuvieron en el proceso independentista. La separación de poderes y el sometimiento a la ley es una de las cosas buenas de la democracia. Me ha sorprendido que algunos intentan contraponer democracia y ley. Es un disparate profundamente antidemocrático. Sin ley no hay democracia.

Se ha denunciado la tergiversación de la historia; el patronato del Archivo de la Corona de Aragón, que Cataluña integra junto con Aragón, Baleares y Valencia lleva más de una década sin reunirse... ¿Cómo arreglar estas situaciones?

Algunos no creen ni en el Patronato, ni en la Corona, ni en el Archivo. Creen en ese ente que llaman Països Catalans que como todo el mundo sabe no existe, pero las ensoñaciones son libres. Conozco un sistema estupendo para cambiar las cosas: que la gente elija personas que actúen en el marco constitucional y que no tengan en su horizonte político romper la unidad de España. Es el procedimiento más democrático.

¿Cómo valora la campaña y las tensiones vividas?

Desde hace ya mucho tiempo, la situación que viven en Cataluña los constitucionalistas, y particularmente mi partido, no es la más cómoda. Lo normal es que en cada acto tengamos a señores muy poco respetuosos con la libertad de los demás. Y no solo ha habido acoso a los candidatos constitucionalistas, también a periódicos y al Poder Judicial.

El candidato socialista es partidario de indultar a los dirigentes independentistas ante una hipotética condena. ¿Y usted?

No está en mi agenda. Como presidente del Gobierno he sido muy restrictivo con los indultos en general y a políticos en particular.

En las últimas horas, ha habido denuncias de espionaje con fondos públicos a candidatos constitucionalistas.

Esa cuestión está sometida a investigación judicial y no es prudente que yo me pronuncie sobre hechos que no conocemos en su integridad. En cualquier caso, en los últimos tiempos hemos visto actitudes profundamente antidemocráticas que no deben repetirse nunca más. Por eso es urgente abrir una nueva etapa de convivencia democrática a partir del día 21.

¿Las elecciones de este jueves serán seguras?, ¿están preparados ante un posible ataque cibernético?

El sistema electoral español es de los más seguros del mundo. En ese aspecto todos debemos estar tranquilos. Otra cosa es que alguien pueda intentar manipular a la opinión pública con informaciones falsas o maniobras de desinformación. Este gobierno estará vigilante, pero es una labor de toda la sociedad y, especialmente de los medios de comunicación, actuar con responsabilidad ante este tipo de fenómenos.