La Generalitat pide al juez una fianza de 760.000€ para Boquet y Feceval por los pagos irregulares en la concertada

  • La Abogacía General de la Generalitat ha solicitado al juez que tanto Feceval como su presidente, José Manuel Boquet, presten una fianza total de 758.309,08 euros en la causa que investiga presuntos pagos irregulares de la Conselleria de Educación, durante mandatos anteriores del PP, a liberados de la patronal de la concertada Feceval que habrían cobrado por una labor docente no realizada.
Boquet en una imagen de archivo
Boquet en una imagen de archivo
EUROPA PRESS

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Abogacía ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de València, órgano que reabrió recientemente la investigación por supuestos pagos irregulares en la concertada tras requerírselo la Audiencia Provincial de Valencia.

En concreto, en su escrito, la Generalitat -acusación particular- solicita que se acuerde la prestación de una fianza por parte de Boquet y de Feceval para cubrir la cuantía de 758.309,08 euros y que se abra la correspondiente pieza de responsabilidad civil.

Esta parte fija el importe en base a los posibles daños ocasionados al erario público por las cantidades abonadas indebidamente a empleados de Feceval mediante la modalidad de pago delegado entre los años 2004 a 2014.

Para apoyar esta petición, la Abogacía incorpora unas tablas con los importes y ejercicios abonados a estos cuatro trabajadores. Así, uno de ellos habría cobrado un total de 266.147,73 euros en ese periodo; otro de ellos, 231.174,01 euros; otro empleado 190.597,20 euros; y una trabajadora, un total de 70.390,14.

Esta causa, en la que por el momento figura como único investigado Boquet, fue archivada inicialmente por el juzgado, pero un recurso de la Abogacía de la Generalitat consiguió que la Audiencia ordenase reabrir la investigación.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía de València, que partió a su vez de una denuncia de Compromís. Como consecuencia se incoaron dos piezas: ésta, por los pagos a los llamados 'liberados' de la patronal, y otra ya sobreseída por supuestos pagos en exceso a la concertada.

El fiscal pidió el sobreseimiento provisional de esta causa, aunque sí reclamaba deducción de testimonio y remisión al Tribunal de Cuentas. Por su parte, la Abogacía de la Generalitat se opuso al considerar que los hechos no eran una irregularidad administrativa sino que podían ser constitutivos de estafa, malversación, falsedad documental o fraude de subvenciones. Según el letrado de la Generalitat, se habían rebasado los límites del convenio entre Generalitat y la federación y se simuló la contratación de profesores cuyo destino fue realizar trabajos en Feceval.

Aunque el juzgado de instrucción decidió el archivo provisional de las actuaciones, luego la Audiencia las reabrió al apreciar "indicios objetivos de criminalidad derivados del hecho de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para, así, permitirles trabajar como empleados de dicha entidad pero cobrando con cargo al erario público, sin que por ahora haya quedado justificado de un modo mínimamente convincente, al menos al nivel indiciario, que esas personas realizaron la actividad laboral explicitada en los contratos, que era el desarrollo de 'tareas de organización y coordinación de formación del profesorado'".

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