El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Valladolid ha condenado a la Junta de Castilla y León a pagar a una funcionaria adscrita al Servicio de Agricultura en Palencia una indemnización por daños morales, y a adoptar medidas que garanticen el cese del acoso laboral al que había estado sometida.

La funcionaria no tenía ordenador, ni teléfono, ni tareas asignadas

La abogada que ha defendido los intereses de la funcionaria, Eva Victoria Benito Agúndez, ha señalado que pedirá, aunque el fallo judicial ha sido recurrido ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Casilla y León, la ejecución provisional de la resolución y teniendo en cuenta que la indemnización podrá concretarse tras la resolución del recurso.

Según las tesis mantenidas por la defensa de la funcionaria, que han sido corroboradas en primera instancia por el juez, ésta sufría un reiterado hostigamiento, especialmente desde enero hasta agosto de 2005.

La letrada de la trabajadora hace mención especial al hecho de que su defendida estuvo "sin ordenador ni impresora y con los armarios de su puesto de trabajo vacíos; de hecho, no tenía funciones ni recursos, sin teléfono ni tarea".

La mujer necesitó tratamiento psicológico para sobrellevar su situación

La víctima realizaba funciones relativas a la confección de nóminas y asuntos relacionados con la Seguridad Social.

La funcionaría también fue objeto de la apertura de un expediente administrativo en 2005, que finalmente fue archivado, con hechos argumentales respecto a los cinco años anteriores, ya prescritos y que no constituían ningún tipo de infracción, pero que para la abogada suponen "un ataque claro a la dignidad de la persona".

La letrada ha explicado que el mobbing, término coloquial con el que se conoce habitualmente este tipo de conductas de índole laboral, "aparece ahora mucho más porque la sociedad está mucho más sensibilizada ante este tipo de problemática".

La sentencia ha sido recurrida, pero la abogada pide la ejecución provisional de la resolución

La abogada también hace hincapié en la situación personal a la que ha estado sometida su cliente, por cuanto ha recibido tratamiento psicológico.

El juez, en su dictamen, ha instado al Gobierno regional a que reasigne a la mujer las funciones que le fueron arrebatadas a partir del 28 de enero del 2005.

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