En este sentido, Rodríguez valoró el compromiso adquirido por la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los nuevos aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), en tramitación en el Congreso de los Diputados, entren en vigor, con carácter retroactivo, al 1 de enero de 2018, según informó NC en nota de prensa tras mantener una reunión el miércoles el diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, y el coordinador del partido en el Parlamento canario, Fermín Delgado, con Sáez de Santamaría y Montoro en la Cámara baja.

Este encuentro, dijo Rodríguez, "responde a una llamada" del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para retomar los contactos entre las dos partes, llamada que admitió fue aceptada "con la condición previa de evaluar el cumplimiento del acuerdo del PGE de 2017", ya que en este había dos tipos de compromisos, tales como los presupuestarios, "prácticamente encauzados, en su totalidad", y otros de carácter político.

En los que se refiere a los compromisos políticos, Rodríguez apuntó que había varios aspectos entre los que se encuentra uno de los "más importantes y fundamental" para Canarias, tales como son la inclusión en el nuevo REF económico de la desvinculación de los ingresos fiscales del REF de la nueva financiación autonómica, el 100 por 100 de la compensación del transporte de mercancías entre islas y con la Península por parte del Gobierno central, así como el descuento del 75 por ciento en los billetes de barco y avión entre islas a los residentes y las ayudas al agua de riego agrícola.

Añadió que estas "conquistas de derechos", que ya comenzaron a aplicarse en los PGE 2017, son "para siempre". Sin embargo, la reforma del nuevo REF económico en la Cámara baja "se ha retrasado" por la agenda de la Administración estatal, algo que aseguró que entienden porque "no" creen que "haya intencionalidad".

Sin embargo, Rodríguez incidió en que "antes de hablar de cualquier otro proceso de cooperación en el futuro entre el Ejecutivo de Rajoy y NC se tienen que cumplir los compromisos del acuerdo presupuestario de 2017", aunque reconocen la "obligación" adquirida por Sáez de Santamaría y Montoro para que el nuevo REF económico entre en vigor, con carácter retroactivo, al 1 de enero de 2018.

En este sentido, apuntó que la aprobación de la nueva norma será posterior a la citada fecha pero ambas delegaciones trabajarán, a lo largo del próximo mes de enero en las Cortes Generales, para "concretar" estos compromisos "sin perjuicio de poder hablar" de otros temas.

En relación al nuevo REF económico, los otros contenidos políticos comprometidos en el documento del acuerdo del PGE de 2017, firmado en mayo de 2017, están relacionados con la reforma del Estatuto de Autonomía para "alcanzar el mayor nivel de autogobierno reconocido por la Constitución y la "coordinación" de la reforma del sistema electoral".

Rodríguez también se refirió a la "mejora" de la conectividad aérea de Canarias con la Península en cuanto a la posibilidad de fijar, "cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público". También se refirió al "refuerzo" de la cohesión social del archipiélago mediante el impulso de un programa contra la pobreza y el incremento de las dotaciones para la lucha contra la violencia de género y la supresión del impuesto al sol.

Además, Rodríguez citó la reforma del sistema de financiación de financiación donde, ambas partes han valorado, la incorporación en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado que modifica la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y que desvincula con vigencia indefinida los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el cómputo a efectos del acceso al Fondo de Competitividad.

También se comprometían, dijo Rodríguez, a que en la futura reforma del sistema de financiación autonómica se garantizara, "que no computará como capacidad fiscal" los recursos del REF de Canarias y que se asegurara que las islas recibieran, "al menos, la financiación media de las Comunidades Autónomas que permita garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad".