El concejal de Participa Julián Moreno se ha reunido este pasado miércoles con representantes de los casi 500 vendedores ambulantes que ejercen su actividad de venta cada domingo en el Charco de La Pava, y ha podido "conocer cuál es la problemática que está sufriendo este colectivo".

Asimismo, Participa ha explicado en una nota de prensa que esta "problemática les está llevando a una situación límite" porque "muchas de estas personas están en grave riesgo de exclusión social". Por ello, Julián Moreno ha pedido al PSOE "que busque una solución para estas personas y que puedan permanecer en El Charco de La Pava de forma regularizada, como llevan haciendo desde 2014".

Además, el concejal de Participa ha criticado "las malas formas que, según este colectivo, ha exhibido la delegada municipal de Economía y Comercio, Carmen Castreño, en el trato que ha proferido a estos comerciantes".

"Han hecho pagar justos por pecadores y ha tratado de malas maneras a las familias que subsisten gracias a la venta en el rastro de los domingos", ha recogido el grupo municipal.

Asimismo, Moreno ha hecho referencia a la clausura del rastro y al decomiso de mercancía, algunas perecederas, "que provocó que ese día hubiera familias que perdieron la inversión que hicieron para ganar algo con la venta en el rastro".

Según Participa, los vendedores del Charco de La Pava han insistido en que quieren seguir desarrollando esta actividad, que tiene ya 40 años de trayectoria en Sevilla, de forma regularizada y que se persiga a quienes operan de forma ilegal en el rastro por medio de la venta de artículos y enseres robados. Para ello, "ya se reunieron con Castreño para pedirles una mayor presencia policial para evitar la presencia de vendedores ilegales".

"La delegada de Economía y Comercio argumentó, según han expuesto los vendedores en la reunión, que la gestión de este tema no corresponde a su delegación sino a Urbanismo, y que la Policía Local no debe actuar como seguridad privada de estos vendedores", según ha relatado Participa Sevilla.

Además, esta formación de izquierda ha indicado que se trata de "algo que este colectivo acoge con especial frustración porque no quieren usar un servicio público para su beneficio, sino por el bien de todos: para combatir la venta ilegal y por la cantidad de público que acude al rastro los domingos".

Por último, Moreno ha criticado que, "en lugar de eso", "la acción policial se ha centrado en matar al perro para acabar con la rabia y no solo no persiguen a vendedores ilegales, sino que atacan a quienes ya vendían de forma legal antes".