La Fiscalía de Huelva ha presentado una denuncia en los juzgados de instrucción de Aracena contra la alcaldesa de Alájar, la socialista Carmen Osorno, por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la aldea El Calabacino, perteneciente a la citada localidad, ubicada en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Según reza en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se precisa que podría haber incurrido en un delito de prevaricación y solicita al juzgado su declaración en calidad de investigada por estos hechos, así como la del secretario municipal de Alájar para que informe sobre la clasificación del suelo afectado por las construcciones denunciadas.

El fiscal señala que en la citada aldea, desde fecha indeterminada, empezaron a instalarse diversas personas procedentes de toda España y del extranjero con la intención de residir de forma permanente por lo que adquirieron en contratos privados o en escritura pública pequeñas fincas rústicas de menos de una hectárea donde iniciaron la construcción y rehabilitación de edificaciones en ruinas en caso de existir éstas.

Así, una vez detectada esta situación por agentes de medio ambiente del parque natural y por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se comunicó a esta Fiscalía en febrero de 2014, la existencia de una construcción residencial que había sido finalizada en 2006, que carecía de licencia y que, por estar hecha de madera y alpacas de paja, suponía un grave riesgo de Incendios forestales.

Dado que la construcción estaba penalmente prescrita la Fiscalía se puso en contacto con el Ayuntamiento para que, en el ámbito de sus competencias, actuara para restaurar de la legalidad urbanística, ya que se trataba de suelo protegido, y que le informara sobre hechos que puedan constituir desobediencia penalmente relevante, sin embargo no consta la apertura de ningún expediente.

A su vez, remarca el fiscal que en los primeros meses de 2017 la Fiscalía recibió más de una veintena de comunicaciones en las que se informa de construcciones ilegales dentro de este parque natural.

Y de nuevo, tras solicitar informe al Ayuntamiento sobre su actuación ante estos hechos, Osorno alega "falta de medios" en el Consistorio y precisando que existían colaboraciones con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para abordar el problema, así como que se habían ordenado inspecciones de las citadas construcciones, sin contestar sobre las personas que entre 2012 y la actualidad y dentro de esa Corporación han ostentado las competencias en materia urbanística.

No obstante, señala el fiscal que en todos los casos el Ayuntamiento no ha incoado ni un solo expediente sancionador o de restauración de la legalidad, ni dado cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni al Parque Natural, ni en general adoptado ninguna medida para el cumplimiento de la legalidad urbanística.

HASTA DOS AÑOS DE PRISIÓN

Sobre este asunto hay otras tres causas y los hechos en una de ellas ya están calificados por la Fiscalía. En concreto, el fiscal de Medio Ambiente solicita para un matrimonio la pena de dos años de prisión y el pago de una multa de casi 3.000 euros, a razón de siete euros diarios durante 14 meses, así como la inhabilitación especial por dos años para oficio de promotor y constructor, por un delito contra la ordenación del territorio.

En concreto, el fiscal considera que ambos, en calidad de promotores y constructores, llevaron a cabo la edificación de una vivienda de 7,32 metros de fachada por 10,32 de lateral-fondo y cinco de altura en una finca sita en la parcela 20 del polígono 18 del término municipal de Alájar, tras adquirirla en escritura pública en marzo de 2015, haciéndose constar la inexistencia de edificación alguna.

Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y los acusados no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según remarca el fiscal.

Las obras, iniciadas en 2015 y para la que se ha utilizado gran parte de paja y madera lo que supone un grave riesgo de incendio, se han realizado para vivienda habitual de los denunciados y sus hijos menores en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del parque natural y que prohibe nuevas viviendas sin vinculación con usos agrícolas-ganaderos-forestales.

Detectadas las obras por agentes de Medio Ambiente en marzo de 2016, se denunciaron ante este juzgado, existiendo además expedientes sancionadores abiertos por la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, ambos suspendidos por la tramitación de esta causa penal.

Además la Fiscalía ha acordado la demolición de la edificación reseñada en la conclusión primera a cargo de los acusados y previa elaboración por los mismos de un proyecto técnico que, con licencia del Consistorio y el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, garantice la restauración total del espacio natural afectado. De no realizarla, la ejecutará la Administración a su costa embargándoles bienes suficientes para asumir su coste tasado en 1.848,50 euros y acordándose en todo caso el comiso de las ganancias obtenidas.