Pérez Montoya, junto a su abogado, a la salida del Palacio de Justicia
Pérez Montoya, junto a su abogado, a la salida del Palacio de Justicia EUROPA PRESS

"Ahora me estoy enterando de muchas cosas pero a mí me llegaban las facturas o la relación de facturas de la secretaria según marca la ley y con informe a favor de la Intervención. Si me llega con esos requisitos no tramitarlas hubiera sido grave, en concreto, prevaricación", ha dicho en la segunda sesión de la vista oral por la que se enfrenta a penas que suman siete años y nueve meses de prisión.

Pérez Montoya ha indicado que "no decidió la facturación falsa" ni "dio órdenes" a la coacusada Teresa González en ese sentido, y ha insistido en que "todo" le llegaba "hecho" desde el Patronato "con informe jurídico de la secretaria y favorable de la Intervención". Al tiempo, ha excusado que no "detectase" el supuesto fraude en que "firmaba miles de documentos", por lo que "era materialmente imposible que comprobase su veracidad".

"Si me la colaron y firmé es que yo firmaba miles de documentos sin mirar. Le daba a un botón y firmaba de una tacada hasta 60 facturas. Confiaba en la secretaria y en el interventor y entendía que todo lo que me traían era conforme a la legalidad. No era mi obligación volver a comprobar todo lo que firmaba. Dejaban las carpetas encima de la mesa y cuando tenía un rato, las firmaba", ha reiterado una y otra vez ante las detalladas preguntas del Ministerio Público para apostillar en un momento del interrogatorio: "Yo no me he quedado dinero de ningún sitio".

Pérez Montoya ha reprochado al fiscal que "esté convirtiendo en sospechoso" lo que es "un procedimiento habitual" y ha remarcado que él no contrató con ninguna de las empresas cuyos administradores también están encausados "ni negociaba con proveedores porque yo no estaba en el día a día". "Yo no tenía una participación activa en la gestión de lo que se aprobaba por el consejo ejecutivo del Patronato. Yo firmaba la propuesta pero la aprobaba el consejo ejecutivo", ha subrayado.

Sí ha reconocido que, tras un año y medio al frente del Patronato de Turismo, el interventor "me comentó que no era correcto y que las facturas debía conformarlas la persona que tenía conocimiento cierto de que se había hecho el servicio pero yo creí que era ese el procedimiento".

"Yo firmaba para mandar a intervención para fiscalización y pago, no para validar. Mi obligación no era conformar facturas sino hacer gestiones. Era la única manera de posibilitar la convivencia entre la parte técnica y sus responsables, y la parte política. Si comprobase estaría haciendo el trabajo de los técnicos, igual que si los técnicos firmasen resoluciones estarían haciendo el trabajo político", ha matizado.

ADMITE QUE NO PAGÓ EL VIAJE DE SU MUJER A EDIMBURGO

También ha admitido que el viaje a Edimburgo (Escocia) de su mujer, quien le acompañó, "no lo pagó" pero ha remarcado que el viaje a México y a Berlín sí salió de su bolsillo. "El primero lo pague en efectivo y el segundo, con transferencia como he acreditado en mi escrito de defensa", ha trasladado.

Sobre el anticipo de caja fija que gestionaba González y de la que según el fiscal se habría defraudado la cantidad de 73.000 euros, ha asegurado que "no tenía conocimiento" de que se "imputaban gastos no reales" ya que "yo solo veía propuestas de resolución, que firmaba". También ha rechazado que la exsecretaria consultase con él "porque si hacía eso estaba cometiendo una ilegalidad". "Ella era la responsable y las firmé pensando que eran veraces", ha repetido.

Pérez Montoya ha esgrimido el mismo argumento con respecto al libramiento a justificar de 20.000 euros a la cuenta personal de González pero ha señalado a la Tesorería como "los que lleva directamente eso". "No sé porqué lo transfirió", ha dicho.

RELATO FISCAL

La Fiscalía sostiene que González Rivera y Pérez Montoya urdieron presuntamente un "plan por el que se habrían apropiado" de más de 763.000 euros de fondos públicos de la institución "para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas" mediante dos mecanismos: el principal, ya que mediante este habrían sustraído a la Diputación Provincial la cuantía de 690.202,65 euros, consistió presuntamente en "concertar" con empresarios que contrataban con el Patronato de Turismo para bienes y servicios la elaboración de facturas por "unos servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban", haciendo constar en estas el concepto que Pérez Montoya y González Rivera les indicaban y que, por lo general, hacían referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo.

Al margen de este método, habrían ideado otro sistema para "apropiarse o destinar fondos públicos a fines particulares y por completo ajenos a la que era la actividad del organismo" mediante la utilización del "anticipo de caja fija".

Para ejecutar el plan presuntamente urdido por ambos, el Ministerio Público asegura que Pérez Montoya dictó "en múltiples ocasiones" resoluciones previo informe favorable de González Rivera "acordando la contratación de bienes o de servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí a pagar por el Patronato". Así, cuando las facturas eran remitidas por los supuestos proveedores, el primero estampaba un sello con su nombre y cargo mientras que la segunda hacía lo propio con un sello con la palabra 'conforme' haciendo constar "mendazmente" que era un servicio prestado al Patronato y acordando su pago.

Con respecto al anticipo de caja fija, para "justificar gastos privados de ellos y de otras personas como gastos de la actividad propia del Patronato", supuestamente aportaron hasta diciembre de 2010 un total de 697 tickets o facturas "en su gran mayoría correspondientes a gastos de restauración que no se correspondían a gastos efectuados en el desarrollo de la actividad propia del Patronato de Turismo". Reprocha, asimismo, el fiscal que, al registrar las facturas en la aplicación informática, hacían constar que eran gastos del gerente "cuando aquel no los había efectuado". Así, siempre según el fiscal, de manera periódica, Pérez Montoya "dictaba resoluciones aprobando la cuenta acreditativa de la inversión del anticipo de caja fija presentada por González Rivera y ordenaba que se procediera a su reposición".

Pérez Montoya, quien no ha respondido a las preguntas de las defensas pero sí del Ministerio Público y la acusación particular, se enfrenta a un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado. Al margen de la pena privativa de libertad, interesa la inhabilitación absoluta por 19 años y seis meses en el caso del cargo público. En concepto de responsabilidad civil, solicita, en solidaridad con algunos otros acusados, que indemnice a la Diputación Provincial con 763.752,82 euros. La vista oral se reanudará este jueves.

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