"Las ciudades, municipios y territorios inteligentes no son solo una ventana para el crecimiento sostenible, son también modelos de gestión que, aplicados a los servicios públicos locales, pueden generar ahorros de coste importantes, por lo que tenemos la obligación de canalizar esta oportunidad desde las administraciones provinciales", recalca.

Así, señala a través de un comunicado que esta idea principal se añade a las tareas que actualmente desarrolla la sociedad informática provincial, Inpro, porque "a partir de ahora la implantación de la administración digital se debe acompañar el fomento de tecnologías smart, en consonancia con las empresas del sector, para generar crecimientos sostenibles y ahorros en las cuentas municipales".

Villalobos ha realizado esta reflexión tras conocer el informe de Siemens y KPMG presentado en noviembre, en el que se espera que el mercado mundial de smart cities alcance un valor de negocio de más de 1.300 billones de euros para 2020.

De ese total, según dicho informe, más del 50 por ciento del negocio se generará en energía inteligente, infraestructuras inteligentes y construcciones y movilidad inteligente, por lo que más de la mitad del negocio de las 'smart cities' estará "contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, lo que es también muy importante, a la reducción de costes municipales".

Según detalla Villalobos, dicho informe constata que "la cifra de ahorro oscilará entre el 20 y el 60 por ciento en algunas partidas de gasto actuales en los ayuntamientos".

Ha citado ejemplos como que en edificación sostenible se podrían reducir 400 euros de ahorro anuales por metro cuadrado en agua y energía y, en ese ciclo hidráulico, los ahorros serían de 244 millones de euros para el global de los ayuntamientos españoles, "al reducir las pérdidas en un 20 por ciento con soluciones smart".

En alumbrado público, donde los ayuntamientos españoles gastan 740 millones de euros al año, la utilización de leds, sensores de movimiento y redes inteligentes reduciría esa factura entre 370 y 445 millones de euros, según el citado informe. En residuos, donde se recogen 460 kilos por habitante y año, las soluciones inteligentes en la recogida y las redes de contenedores inalámbricos ahorrarían entre un 20 y un 40 por ciento de los 2.425 millones de euros que los consistorios gastan en este servicio público.

A todo ello, Villalobos suma "lo que podrían contribuir las soluciones smart al cambio de modelo productivo", recordado que "la propia Junta de Andalucía celebró su comisión de seguimiento del Plan Andalucía Smart 2020 en la Feria de Innovación del pasado mes de noviembre". "Ahí acordamos trasladar desde Inpro proyectos de smart cities en clave provincial para incorporarlos a esa estrategia regional", agrega.

"Cuando hablamos de territorios smart hablamos de soluciones para hacer más fácil la vida a la gente, para dar mejores servicios públicos y para abaratar ostensiblemente los costes de los mismos, además de abrir la ventana a un nuevo modelo productivo favoreciendo a las empresas que apuestan en este segmento. Por todo ello, la Diputación debe liderar la conversión de la provincia hacia un territorio smartregion", ha asegurado Villalobos.

En el apartado de la 'e-administración' propiamente dicha, el regidor provincial asegura que "los ayuntamientos sevillanos y la propia Diputación llevamos una buena velocidad de crucero para cumplir con los requisitos de las leyes 39 y 40 de 2015, sobre procedimiento electrónico de las administraciones públicas, con los plazos concretos que se establecen para octubre del próximo año 2018".

Concretamente, Villalobos ha remarcado que en el ámbito de la administración electrónica, desde Inpro se va a "liderar" los grupos de trabajo entre las diputaciones andaluzas, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para afrontar "con éxito" el desarrollo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo mes de marzo y, "cómo no, para seguir potenciando el desarrollo e implantación de la administración electrónica de forma coordinada desde todas las esferas públicas".

"En el encuentro de Diputaciones que celebramos en la pasada feria quedó claro que todos tenemos que ir de la mano en la implantación de la administración digital y sumar esfuerzos para ello, porque la relación con los vecinos tiene que ser inmediata, transparente y cercana y, todo eso, se consigue hoy en día a través de la tecnología aplicada a la gestión local", señala.

A nivel nacional y según el Observatorio de Administración electrónica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el porcentaje de ciudadanos que realiza tramitación electrónica de servicios aumentó del 50 al 77 por ciento entre 2015 y 2016. Las empresas, en ese mismo periodo, pasaron del 91 al 99 por ciento en gestiones telemáticas con la administración.

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