El 2 de diciembre entró en vigor la reforma del Código Penal que castiga con la cárcel los delitos graves relacionados con la seguridad vial. En los nueve días siguientes, las autoridades detuvieron a 558 conductores, en la mayoría de los casos (548) por superar las tasas de alcohol permitidas, y el resto, por exceso de velocidad.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, que compareció ayer en el Congreso para hacer balance de las medidas de seguridad vial de esta legislatura, aseguró que estas medidas disuasorias concienciarán a los conductores y ayudarán a reducir el número de diligencias practicadas. En esta línea, hasta el día 23 se realizarán 200.000 controles de alcoholemia. Desde el 2 de diciembre, todos los conductores a los que se les detecten más de 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre o 0,60 miligramos en aire seguirán el siguiente camino judicial:

Positivo: Nada más detectarse en el control de alcoholemia niveles superiores a los permitidos, el conductor será detenido y se le retirará el permiso de conducir.

Negativa: Si el conductor además se niega a someterse a la prueba de alcoholemia, le condenarán a entre seis meses y un año de cárcel en función de sus antecedentes. También se quedará sin derecho a conducir entre uno y cuatro años.

Ante el juez: Tras ser puestos a disposición del juez y la apertura de diligencias, los infractores se enfrentarán a un juicio rápido.

Sentencia: Los castigos a los que se enfrentarán quienes conduzcan ebrios oscilan entre los tres y los seis meses de cárcel o una multa entre seis y doce meses y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, así como la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Prisión: La magnitud del castigo dependerá de los antecedentes del infractor. Sólo acabarán entre rejas quienes sean reincidentes.

Sólo el 0,2% está en prisión

Sólo 175 de los 66.000 presos que se encontraban internos en 2006 en las cárceles españolas cumplían condena por delitos relacionados con la seguridad vial, según aseguró ayer Pere Navarro. Se trata de un 0,2% del total de la población reclusa de nuestro país, un porcentaje que contrasta con la realidad de que los delitos relacionados con la seguridad vial son la primera causa de muerte violenta en España. Además, recordó el director de la DGT, los accidentes provocan un número de fallecidos mayor que los causados por homicidios, el sida o la droga juntos.