España pide tres años de transición para ayudar a los 500.000 afectados directos por el 'brexit'

Mariano Rajoy recibe a Theresa May en la Moncloa.
Mariano Rajoy recibe a Theresa May en la Moncloa.
EUROPA PRESS
Mariano Rajoy recibe a Theresa May en la Moncloa.

Las consecuencias bilaterales del brexit no solo afectan a nivel de la UE, sino que cada uno de los 27 estados miembros, entre ellos España, tiene asuntos pendientes que resolver en este 'divorcio' británico después de sellarse este viernes un principio de acuerdo. El Ministerio español de Asuntos Exteriores dio este viernes "la bienvenida" al acuerdo sobre la primera fase de las negociaciones, en las que destacó "el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos, el arreglo financiero y las cuestiones ligadas a Irlanda del Norte".

No obstante, un informe interno del Gobierno que ha publicado este sábado el diario El País establece una serie de objetivos sobre los que negociar con el Reino Unido su salida, y en el caso de España es que se mantenga la situación actual de los acuerdos existentes hasta finales de 2020 para que no afecte a los 200.000 españoles que viven en el Reino Unido y a los 300.000 británicos residentes en España.

"Los derechos e intereses de los ciudadanos han sido, son y seguirán siendo la principal prioridad del Ejecutivo español en las negociaciones del brexit", indicó este viernes el Ministerio, que añadió que el Gobierno se asegurará de que el pacto garantice "certidumbre y seguridad jurídica" tanto para los ciudadanos como para los operadores económicos.

Dicho informe interno, que se distribuirá a las comunidades autónomas y departamentos afectados, se abordará ya la semana que viene en el Consejo Europeo convocado para los días 14 y 15 de diciembre.

En materia de empleo, el ministerio español del ramo pide un nuevo acuerdo que mantenga "íntegramente el acervo comunitario en materia de libre circulación de personas, así como los reglamentos comunitarios sobre coordinación de sistemas de Seguridad Social" para que unos y otros disfruten "de los mismos derechos sobre libre circulación de personas que los que disfrutan en la actualidad". De este modo, durante ese tiempo los españoles podrían viajar al Reino Unido para trabajar sin restricciones y viceversa.

Los ministerios de Economía, Hacienda e Industria también son partidarios de mantener los actuales acuerdos comerciales hasta que se plasme un nuevo pacto que esperan que sea más "amplio y profundo" que el acuerdo comercial logrado con Canadá (denominado CETA). En este sentido, Rajoy recordó este viernes que el Reino Unido es "un país muy importante" para España, y ha citado varios datos que lo demuestran, como el hecho de que es el primer país en inversión española, mientras que Reino Unido es el segundo que más invierte en España.

"A España le interesaría que el acuerdo que se negocie con Reino Unido en la segunda fase evite la sustitución de los productos europeos por productos de terceros países, con los que Reino Unido pueda tener acuerdos comerciales más ventajosos", indica el documento interno del Gobierno.

En lo que respecta al Turismo, Rajoy también recordó este viernes que cada año visitan España 18 millones de turistas procedentes de ese país y que aquí viven medio millón de británicos, por lo que hay  "una relación muy intensa que data de hace mucho tiempo" y que es importante mantener. Por este motivo, el Gobierno apuesta por que los turistas británicos estén exentos de visado para entrar en España y se les mantenga la asistencia sanitaria y en materia de pensiones.

En materia de Justicia, el Gobierno español apuesta por que en esta fase transitoria se aplique el derecho de la UE y la jurisdicción del Tribunal europeo y rechaza "la pretensión británica de someter las controversias mercantiles a arbitraje internacional". El Ejecutivo de Rajoy también quiere que el futuro acuerdo "garantice certidumbre y seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los operadores económicos" durante la transición y en la relación futura que tendrán las partes. España espera que dichas relaciones sigan siendo "excelentes", al margen de que sea necesario garantizar la "integridad" del mercado único.

Por su parte, el Ministerio del Interior prevé una división de ese periodo transitorio, donde en una primera fase se prorrogarían los instrumentos actuales y en una segunda se haría una desconexión progresiva. En el caso de los británicos residentes en España, este departamento señala que habrá que determinar qué tipo de documentación expedir para ellos y cómo regular su entrada, denegación o expulsión en España.

En materia de agricultura, el Gobierno busca que el panorama no cambie mucho y que se pueda lograr una acuerdo de acceso recíproco a las aguas, es decir, que los barcos españoles puedan seguir faenando en aguas británicas.

Desde el punto de vista de la educación, el Ministerio español propone conservar las condiciones actuales para los españoles que son profesores en el Reino Unido y no incrementar las tasas de acceso a las universidades británicas. Las directivas sobre el reconocimiento de títulos no cambiaría en ese periodo de transición, según el Gobierno.

En materia de cultura, "no debe existir, en ningún caso, servicios prestados desde territorio británico o por empresas británicas al resto de la UE en el ámbito de las industrias creativas y las plataformas digitales en igualdad con otras empresas domiciliadas en otros Estados miembros". Es decir, que el brexit implicará también que el Reino Unido salga del Mercado Único Digital.

Por último, el Ministerio de Sanidad apuesta por que se mantengan los "acuerdos de asistencia sanitaria" tanto para pensionistas como para los que tienen una tarjeta sanitaria europea. Si el acceso a estas prestaciones, que actualmente es recíproco, sigue siendo el mismo, los españoles que residen en el Reino Unido tendrían acceso al sistema de salud británico del mismo modo que los británicos acceden al sistema sanitario español.

Tres años de transición

El Parlamento Europeo apoya que se cierre un acuerdo de transición que rija durante el periodo desde la retirada del país, prevista para marzo de 2019, y la entrada en vigor del pacto sobre la futura relación que sellen ambas partes. Sin embargo, advierte de que este periodo transitorio no debería durar más de tres años, en tanto que el Gobierno británico aboga porque este plazo sea de dos años.

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