Decenas de vecinos y Ruin-Ratón, el nuevo muñeco de grandes dimensiones que los colectivos antiparquímetros han creado para caricaturizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se manifestaron hoy frente a la nueva sede del Ayuntamiento en la plaza de Cibeles para reclamar que se realice una consulta popular en los barrios periféricos donde se implantó el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

A la convocatoria también se ha unido otro viejo conocido de la galería de muñecos de trapo que persiguen al alcalde: el muñeco Ruiz-Vampirón.

Según los antiparquímetros, esta encuesta debería realizarse en Carabanchel Alto, Hortaleza o el barrio del Pilar para conocer la opinión de los residentes sobre el SER. El portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas, explicó que los vecinos que se oponen a los parquímetros aceptarían cualquier resultado en esta consulta popular.

Los contrarios al SER en los barrios periféricos, que se manifestaron por primera vez ante el Palacio de Cibeles, portaban pancartas con lemas como 'Parquímetros no', 'Gallardón cobrón' y 'Fuera parquímetros de la periferia' y entonaron cánticos como 'No, no, no, parquímetros no'.

Casas aseguró que Ruiz-Gallardón no ha demostrado que los vecinos del barrio del Pilar, Carabanchel Alto u Hortaleza quieran los parquímetros en sus calles y resaltó que su reelección al frente del Ayuntamiento "no le legitima" para tomar decisiones "unilateralmente" sin contar con los madrileños.

Los colectivos antiparquímetros, que afirmaron que las empresas concesionarias del SER no disponen de la preceptiva licencia municipal para la actividad de sus locales, continuarán con sus protestas durante los próximos meses si el Gobierno de Gallardón no retira los parquímetros de sus barrios.

En la protesta frente a la nueva sede del Ayuntamiento también participaron un grupo de vecinos de los nuevos desarrollos del sureste de la capital, afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la urbanización de más de 3.000 hectáreas en base a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. Estos residentes reclamaron al alcalde una solución por la paralización de la construcción de sus viviendas, en régimen de cooperativas.