Así lo ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa, en la que ha indicado que al Colegio de Abogados de Zaragoza se le ha ingresado a principios de este mes 71.750 euros del anticipo correspondiente a septiembre de 2017; 52.600 euros del turno de guardia del mismo mes; y 175.685 euros de la liquidación del primer trimestre de 2017.

De esta forma, el Colegio de Abogados de Zaragoza ha percibido en esta remesa 371.785 euros, respecto a lo que la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, ha comentado que "si tenemos en cuenta que la liquidación de Asistencia Jurídica Gratuita por parte del Colegio de Abogados de Zaragoza del tercer y cuarto trimestres del 2016 fueron presentados en el año 2017, y el primer trimestre del 2017 se presentó en junio, supone un notable adelanto con respecto a los plazos de pago que se daban con anterioridad a la aprobación del actual Decreto de Justicia Gratuita".

El Ejecutivo ha informado, asimismo, que ha satisfecho un nuevo plazo al Colegio de Abogados de Huesca, que ha percibido el anticipo del mes de septiembre (14.622 euros); el anticipo del mes de octubre (14.622 euros) y la liquidación del segundo trimestre de este año (49.985 euros), es decir, 170.372 euros en total.

En el caso del Colegio de Abogados de Teruel, ha recibido el anticipo del mes de septiembre (11.559 euros); anticipo del mes de octubre (11.559 euros) y liquidación del segundo trimestre de 2017 (27.954 euros).

"Este adelanto de los pagos se da también con respecto a los colegios de procuradores de las tres provincias", han apuntado desde el Gobierno de Aragón.

En el caso de Zaragoza, el Colegio ha percibido ya, en el último pago, a principios de este mes, los anticipos de septiembre y octubre y la liquidación del segundo trimestre de este año, sumando 49.582 euros en total. Por su parte, el Colegio de Procuradores de Huesca ha obtenido en la última remesa de pagos 10.217 euros por los mismos conceptos y el de Teruel 4.697 euros.

DECRETO

El Gobierno de Aragón ha precisado que el actual decreto en vigor ha permitido la modificación del procedimiento para determinar los gastos de infraestructura y el trámite de su justificación por parte de los colegios de abogados y procuradores, además de realizar ajustes en el cálculo de los anticipos que se satisfacen a los profesionales "a fin de poder hacerlo con mayor prontitud de lo que se hacía con la anterior regulación".

También se identifican nuevas categorías que serán satisfechas por la Administración a los letrados en los supuestos de resolución de conflictos a través de la mediación y la tramitación de procedimiento administrativo para la adjudicación de vivienda en los procedimientos de desahucio para los demandados en riesgo de exclusión social.

La directora general ha subrayado que se quiere "agilizar los pagos de la Asistencia Jurídica Gratuita, adecuarlos a la realidad, establecer un pago mensual de las guardias del turno de oficio e inmediato en el tiempo -a los dos meses de realizarlas-, además de aumentar la eficiencia en los gastos derivados de los peritos y, en definitiva, de mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos".