El procedimiento penal ha sido incoado a instancias de la Fiscalía Provincial, que interpuso denuncia después de que el actual alcalde, Martín Morales, pusiese en su conocimiento las investigaciones que en este mandato han llevado a cabo sobre el Polígono I Sector R3-1 a raíz de que promoviese un cambio de Sistema de Actuación de Compensación a Cooperación, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Público ha solicitado al juzgado instructor que oficie al Servicio de Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía para que informe sobre la situación urbanística en el Plan Parcial de Cortijo Cabrera Polígono I Sector R3-1, la legalización del expediente urbanístico y la tramitación de la licencias de primera ocupación aportadas por el Ayuntamiento de Turre durante las diligencias de investigación.

En la denuncia interpuesta por el actual alcalde, se indica que, al menos, 35 viviendas de las 200 construidas mantienen un suministro eléctrico presuntamente ilegal que, al parecer, facilita "en algún caso, presuntamente una constructora de suministros de obra y, en otros casos, de la red de alumbrado público que es propiedad de la junta de compensación según consta en recibos bancarios" si bien "en otros casos los pagos se hacen en efectivo, según los vecinos".

Apunta, asimismo, la existencia supuesta de viviendas habitadas sin Certificado de Primera Ocupación y, debido a estar en suelo urbanizable no consolidado, con obras de urbanización parcialmente ejecutadas o la división presuntamente irregular en "Unidades Funcionales que no Unidades de Ejecución sin independencia real de infraestructuras, posiblemente con el objetivo de poner un parche y dar licencias de primera ocupación a algunas viviendas".

En esta línea, la denuncia informa sobre licencias de primera ocupación otorgadas en viviendas situadas en "Unidades Funcionales no recepcionados con la garantía de cheques para terminar la urbanización y no ejecución posterior, ni siquiera subsidiariamente por el Ayuntamiento".

Sobre la decisión de cambio de Sistema de Actuación de Compensación a Cooperación por parte de la actual Alcaldía, con informe favorable de la Secretaria del Ayuntamiento "pero con consejos y sugerencias que lo matizan" y que impulsó la citada investigación, sostiene que el objetivo prioritario "es legalizar desde la raíz el caos y la situación urbanística de este polígono con 200 viviendas construidas y sucesivamente los demás".

"Ratificado este caos en sucesivas reuniones con arquitectos y juristas de la Unidad de Asistencia a Municipios de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Turre, así como de juristas externos, se ha optado por este polígono en primer lugar por el hecho de que los vecinos lo reclaman a través de sus sucesivas reuniones y por escrito", si bien advierte de que también esta programada actuación en el Sector R4-1 "por la existencia de 200 viviendas en suelo no urbanizado",

La denuncia habla también de un acuerdo presuntamente nulo no denunciado en el año 1993 en asamblea general de la Junta de Compensación "por el que contrariamente a la ley se establece que las viviendas pagaran mantenimiento, conservación y servicios y promotores pagarán infraestructura, eximiendo a los primeros de las cargas de urbanización".

"Este acuerdo no se aprobó posteriormente en pleno del ayuntamiento ni se inscribió en el Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras de la Junta de Andalucía, requisitos indispensables para poder ejecutarse", señala para añadir que "durante 23 años no ha sido denunciado por la vía adecuada".

La denuncia que ha dado lugar a que la Fiscalía pida que se judicialice el caso concluye asegurando la posible existencia de una "presunta trama o tráfico de influencias por parte de sucesivos equipos de gobierno por no poner en conocimiento esta situación y facilitar de diferentes formas el agravio de esta situación hasta el momento actual de presunta ilegalidad".

En el procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 3 de Vera también se ha personado el alcalde, quien ha solicitado al juez declaración de especial complejidad de la causa, además de la práctica de diligencias como se libren oficios a los archivos del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Almería , donde se solicita un Informe sobre la situación urbanístico en el Plan Parcial de Cortijo Cabrera Polígono I Sector R3-1, sobre la legalización del expediente urbanística y la tramitación de la licencias de primer ocupación.

Asimismo, y debido a la enorme complejidad del asunto, la extensión de las diligencias y la imposibilidad de determinar la culpabilidad de ninguna persona física ni jurídica debido al escaso tiempo material para estudiar las diligencias, interesa la testifical de tres exalcaldes y cuatro exconcejales de Urbanismo por su "vinculación directa con la gestión y tramitación de estos expediente urbanísticos".

Según el Ayuntamiento, el cambio de sistema promovido prevé aprobar un presupuesto anual de mantenimiento e infraestructuras para que, en el momento en el que se recauden las cuotas, iniciar las obras de infraestructuras eléctricas para la legalización del suministro, así como la "temporalización" de la ejecución en un periodo razonable inferior a diez años "para no poner en grave situación económica a los propietarios, compradores de buena fe y que tienen que contribuir a las obras forzosamente pese a haber comprado supuestamente una vivienda o parcela en suelo urbanizado".