La nueva renta mínima de inserción social andaluza, que sustituirá al actual ingreso mínimo de solidaridad, está dando ya sus últimos pasos antes de convertirse en una realidad y llegar a la ciudadanía. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, anunció este lunes que su departamento tiene previsto llevar este mismo mes el decreto relativo a esta prestación al Consejo de Gobierno para que la medida pueda entrar en vigor en 2018.

Esta nueva renta, además, será compatible con empleos de un mes de duración o menos, según garantizó la consejera, que añadió que "todo el mundo entiende que, con un contrato de 15 días, las personas no pueden de ninguna manera vivir".

Las condiciones de acceso a la nueva ayuda también se van a modificar, en tanto que es un "derecho subjetivo", señaló Sánchez Rubio. Así, podrán solicitar la renta varias unidades familiares sin parentesco que convivan en un mismo domicilio, así como aquellas familias que ya estén percibiendo pensiones de alimentos, remuneraciones por acogimiento familiar, prestaciones por hijos a su cargo, pensiones de orfandad, prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia o becas para educación, formación o transporte.

Será "requisito imprescindible" que los beneficiarios "inicien un proceso de incorporación laboral y social, con un acompañamiento hasta conseguir lo que se pretende, que es que la renta les venga por el trabajo, que es lo que dignifica finalmente", dijo la consejera.

Cabe recordar que la nueva renta mínima de inserción social de Andalucía está destinada a familias que ingresen menos de 415,35 euros al mes y la cuantía equivaldrá al 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año se sitúa en 537,84 euros mensuales, por lo que la prestación ascenderá a 419,51 euros. La prestación se irá incrementando en un 10% por cada miembro de la unidad familiar diferente al solicitante de la ayuda, hasta un máximo equivalente al 125% del Iprem (672,3 euros).

La ayuda económica se concederá por un plazo máximo de 12 meses. Y se discriminará positivamente a las familias con menores a su cargo y a las mujeres víctimas de violencia de género, casos estos últimos en los que, transcurrido el año, se podrá prorrogar la renta cada seis meses mientras se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión.

El Ejecutivo andaluz calcula que la prestación beneficiará a más de 42.500 familias (14.800 en Sevilla, 5.300 en Granada, más de 6.000 en Córdoba, unas 1.600 en Huelva, 5.400 en Jaén...), para lo que destinará una inversión de 819 millones de euros entre los años 2018 y 2021.