La ley de puertos de Galicia, que contempla la ampliación de las concesiones administrativas de 30 a 50 años, ha recibido en el pleno la aprobación definitiva solo con los votos del PPdeG. La oposición, que la ha rechazado en bloque, censura el "rodillo" de los populares y el carácter "privatizador" de la norma, y augura que acarreará "conflictos" con los ayuntamientos, al entender que "invade competencias municipales".

Enfrente, la diputada popular Teresa Egerique ha celebrado que, "tras una larga travesía" llegue "a buen puerto" la primera ley de carácter autonómico que regulará la gestión y explotación de los 122 puertos dependientes de la Administración gallega. Una normativa que "permitirá adaptar" la ley estatal a las "particularidades" de la comunidad a lo largo de 1.700 kilómetros de costa.

"Hoy reforzamos nuestro autogobierno", ha proclamado Egerique, quien ha defendido la postura del grupo mayoritario y ha advertido de que, a su entender, las enmiendas no aceptadas a la oposición no "mejoraban" esta norma. "Ésta es una ley del sector, no una ley política", ha esgrimido, antes de subrayar que los implicados han realizado aportaciones conforme a las que ha sido articulada.

"Ya no es que hayan pasado el rodillo, el PP hizo de auténtica apisonadora", ha interpretado, sin embargo, la parlamentaria del BNG Montse Prado, quien ha ejemplificado con que, de las más de cien enmiendas planteadas por los nacionalistas, los populares asumieron cambiar "una palabra". "¿Dónde están el diálogo, el consenso o escuchar? No existen en su diccionario", ha lamentado.

Prado también ha incidido en que ésta sí es "una ley política" y "claramente privatizadora", encaminada "aún más a imponer la filosofía del libre mercado". Una ley "para hacer caja" y que no atiende "a la cooperación" con los ayuntamientos en los que están ubicadas las instalaciones portuarias, sino que opta por el modelo "del ordeno y mando".

Del mismo modo, ha remarcado que "por supuesto" el modelo que defiende el BNG es distinto al que reivindica el PP. "El suyo es el importado de Madrid, y el del BNG, al servicio de los gallegos. Ésta es una ley para una región, no para una nación", ha advertido Prado, en desacuerdo con la interpretación de los populares de que "refuerza el autogobierno".

"CONFLICTOS" CON LOS AYUNTAMIENTOS

También la diputada socialista Loli Toja ha ironizado con el "monólogo" del PPdeG y ha reprobado que los populares no se abran a articular una ley de puertos "consensuada". En todo caso, ha destacado que, gracias a la aprobación de una enmienda socialista, se recoge la obligación de realizar un informe sobre la gestión y contratos de Portos en aras "de la transparencia". "Ahora, háganlo", ha instado.

"Y claro que es una ley política", ha agregado la diputada del PSdeG, quien ha incidido -todos los grupos lo han hecho- en que la ampliación de 30 a 50 años de las concesiones "no tiene ninguna justificación de interés público". De hecho, ha contrapuesto que la norma da "barra libre" a las concesiones administrativas y "prima los intereses privados".

Toja ha centrado buena parte de su intervención en subrayar que la ley se hace "de espaldas a los ayuntamientos", una cuestión sobre la que también "presentó enmiendas toda la oposición", y ha augurado que esto se traducirá en problemas con las administraciones locales.

"Crea un espacio en el que van a mandar ustedes y Portos, y quienes vivan en los municipios tendrán que adaptarse a lo que digan. Se saltan las competencias municipales y también la realidad social", ha censurado, antes de advertir que también el Consello Económico e Social (CES) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) hicieron observaciones en este sentido que no fueron atendidas.

También el parlamentario de En Marea Juan Merlo ha enfatizado que la norma no solo "deja de lado" tratar soluciones para erradicar "los conflictos" con los ayuntamientos, sino que "invade competencias municipales y no facilita la cooperación en cuestiones como el tratamiento y uso de las fachadas marítimas".

Al igual que sus compañeras de la oposición, ha incidido en la "abusiva" ampliación de las concesiones y se ha mostrado convencido de que la norma constituye "una gran oportunidad perdida". "No es la ley que necesitaban los 122 puertos autonómicos, es una ley que solo se puede sacar con mayoría absoluta y que atiende a la actividad empresarial".

"NO SE PRIVATIZA"

Por su parte, la popular Teresa Egerique se ha reafirmado en que se buscó el "consenso" para articular la ley, realizada con "aportaciones" de los implicados en el sector, y ha defendido que "no se privatizan los puertos". De hecho, ha advertido que la ampliación de las concesiones de 30 a 50 años "facilitará" la amortización de las inversiones y las hará "más atractivas".

Esto contribuirá, a su juicio, a facilitar que se "asiente actividad" en los recintos portuarios de la comunidad y a generar empleo. En cuanto a las administraciones implicadas, ha subrayado que "tendrán que convivir" y ha hecho hincapié en que, hasta el momento, tampoco se están registrando conflictos significativos.

Como ya hizo en su día el presidente, Alberto Núñez Feijóo -este lunes de viaje institucional en Oviedo-, en la presentación de la norma, Egerique ha destacado también otras cuestiones, como que la ley tiene en cuenta la convivencia de distintas actividades de los puertos, "agilizará" la retirada de los buques abandonados, y también reducirá la burocracia para las concesiones y las autorizaciones de atraque.