El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, anunciará este lunes su decisión acerca de si mantiene en prisión provisional a los ocho exconsejeros catalanes encarcelados y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, o si, de lo contrario, les deja en libertad bajo fianza a la vista de lo expuesto el viernes durante sus declaraciones.

Llarena anunciará su decisión sólo unas horas antes de que comience la campaña electoral en Cataluña para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, para las que son candidatos ocho de los diez que declararon el viernes; tan sólo la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás (PDeCAT) y el líder de Òmnium han declinado ir en las listas de los partidos proindendencia.

Los conocidos como los 'Jordis' llevan en prisión desde el 16 de octubre, mientras que los exconsejeros ingresaron el 2 de noviembre. Una vez que sus causas se acumularon en el Supremo, todos ellos solicitaron declarar ante el nuevo magistrado instructor, que escuchó el viernes sus argumentos para solicitar un cambio en sus medidas cautelares.

En dichas comparecencias, tanto el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de los exconsejeros, como los 'Jordis', prometieron respetar a partir de ahora el marco constitucional y aceptaron la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución porque si fuera de otro modo, no se presentarían a las elecciones del 21 de diciembre.

"Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones, es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación", ha explicado Jordi Pina, el abogado de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y de Jordi Sánchez.

Y aunque ninguno mencionó expresamente en las declaraciones su renuncia a las vías unilaterales, el abogado aseguró que es "voluntad de todos" los exmiembros del Govern que se presentan a las elecciones que, si son elegidos, "actuarán dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente".

Sin embargo, a la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox estos argumentos no les valen, puesto que consideran que sigue existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, por lo que solicitaron al juez tras las declaraciones de los imputados, ante la "gravedad de los hechos investigados", el mantenimiento de la prisión provisional para todos.

Según fuentes presentes en las declaraciones, el Ministerio Público considera que ha quedado acreditado que en el denominado 'procés' existió una hoja de ruta y que los hechos investigados no son "aislados", sino que los imputados han integrado una organización y continúan teniendo mucho poder e influencia. Además, Vox cree que también continúa habiendo riesgo de destrucción o alteración de pruebas.