Los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para supervisar el referéndum del 1 de octubre han alegado este viernes ante la juez que disolvieron el órgano en cuanto el Tribunal Constitucional acordó sancionarles si no cesaban en sus funciones.

Según han informado fuentes jurídicas, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña han declarado este viernes como investigados ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, que instruye la querella que la Fiscalía presentó contra ellos por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones y malversación.

Los cinco investigados han comparecido ante la juez después de que la Audiencia de Barcelona haya desestimado el recurso presentado por su letrado, Ramon Setó, y haya avalado la decisión de la magistrada de abrir una investigación contra ellos por los delitos que la Fiscalía señalaba en su querella.

En su comparecencia, los miembros de la Sindicatura —que fueron designados por el Parlament para constituir un órgano con funciones análogas a las de una Junta Electoral— se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y solo han respondido a su abogado.

A preguntas de la defensa, han negado que hayan cometido los tres delitos de que les acusa la Fiscalía y han insistido en que el órgano decidió disolverse de forma inmediata en cuanto el Constitucional fijó a sus miembros una multa de 12.000 euros diarios para que cesaran en sus funciones.

De hecho, al día siguiente de que se les impusieran esas sanciones, los miembros de la Sindicatura Electoral, tanto los titulares como los suplentes, presentaron escritos ante el Tribunal Constitucional para acreditar que renunciaban a sus funciones.

En su querella, la Fiscalía sostiene que los investigados nombraron a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, tras haber recibido la notificación del Tribunal Constitucional de que el referéndum de independencia quedaba suspendido.

Asimismo, el ministerio público acusa a los miembros de la Sindicatura de haber publicado otro acuerdo que regulaba el proceso de acreditación para las organizaciones interesadas en participar en el referéndum, pese a ser conscientes de las advertencias del TC sobre su ilegalidad.