La consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha asegurado que intentará establecer mecanismos de coordinación con las entidades locales de Castilla-La Mancha para gestionar las medidas que contempla el mencionado programa, que busca "no hipotecar" la vida de los niños de la región.

Así se ha pronunciado Herranz durante la Comisión de Asuntos Generales, donde ha recalcado que, según el indicador europeo AROPE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en menores de 16 años en Castilla-La Mancha se eleva al 42,3 por ciento.

Además, en su intervención, Herranz ha vuelto a desgranar los principales objetivos y medidas de este plan inmiscuido en los presupuestos de 2017 con 119 millones de euros y en los de 2018 con 143 millones, una iniciativa que tiene el objetivo de llegar a rango de ley a nivel regional y por el que la consejera espera que el proyecto de esta ley esté elaborado en la primavera de 2018.

"El tema de la pobreza infantil es mucho más serio de lo que aportan los datos porque hipoteca la vida de nuestros hijos, y no tenemos derecho a hipotecar su vida", ha aseverado la consejera, al tiempo que ha cifrado en "un 52 por ciento" el porcentaje de personas que siendo adultos tienen dificultades económicas "eran pobres cuando eran niños".

En este sentido, ha señalado que un menor que vive en un hogar pobre "tiene muchas más posibilidades" de reproducir la misma situación socioeconómica en su edad adulta, una premisa por la que también ha instado al Gobierno de España a "hacerse cargo" de establecer políticas de protección social que "protejan" a la población frente a adversidades como la crisis económica.

"La única manera de protegernos ante las adversidades de un sistema económico que no nos avisa de cuando va a poner el pie encima de nuestra cabeza es tener un sistema de protección social lo suficientemente potente y garantista", ha aseverado la consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas.

Para mejorar la gestión y puesta en marcha del plan, la consejera ha recalcado también los cambios y la revisión del texto que se presentó en un primer momento y el diagnóstico en el que quieren profundizar sobre la situación de vida de los castellano-manchegos. "Es un enfoque integral e integrados que pone a la ciudadanía en el centro de la actuación pública", ha defendido.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL

La consejera ha explicado también la hoja de ruta para gestionar este plan el próximo año 2018, una actuación que se realizará a través de la Comisión de Seguimiento ya creada, que volverá a reunirse el 11 de diciembre por segunda vez, así como la Mesa de Garantías -compuesta por entidades del tercer sector-, que con carácter consultivo no vinculante participará en la redacción del proyecto de ley mencionado.

El próximo año se seguirá trabajando en la implantación de la ventanilla única, una herramienta por la que podrán gestionarse las diferentes ayudas y medidas de este plan, y se realizará la primera evaluación semestral con tal de "reordenar las medidas" que fueran necesarias e impulsar otras.

EL 10% DE HOGARES "NO PUEDE MANTENER TEMPERATURA ADECUADA"

Entre los datos sobre la situación de pobreza que ha enumerado, Herranz ha destacado también la cifra del 9,9 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha que asegura que "no tienen capacidad para mantener una temperatura adecuada", el descenso de la renta media por hogar de un 15,9 por ciento en los últimos años o la dificultad de los desempleados de larga duración para encontrar trabajo.

"El deterioro de vida no se debe solo a las situaciones del mercado de trabajo, sino también a cómo han respondido las administraciones. Ejemplo de ello es el desmantelamiento del sistema de protección social durante los años más duros de la crisis", ha reflexionado la consejera como argumento de la puesta en marcha de un plan de estas características, que ha recordado que basa su actuación en tres programas: garantía habitacional, suministros básicos del hogar y garantía de rentas.

"UN CERO DE NOTA AL PLAN"

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Cortes Valentín ha aprovechado su intervención en esta comisión para denunciar la falta de ejecución presupuestaria que, ha afirmado, se ha producido en las consejerías que aplican las distintas líneas del Plan de Garantías Ciudadanas -Economía, Empresas y Empleo, Educación, Fomento, Bienestar Social y, también, el Instituto de la Mujer-.

Unas críticas por la que ha sido interrumpida por la presidenta de la Comisión, la diputada de Podemos María Díaz, que ha aludido a que "no correspondía al objeto" de la comisión las alusiones realizadas por Valentín, que ha replicado: "no me va a decir usted lo que tengo que decir", al tiempo que ha instado a Díaz a "cumplir su papel de presidenta".

Además, ha manifestado que no entiende que para coordinar las consejerías del Gobierno regional se "necesita una consejera nueva". "El trabajo transversal se tiene que dar por hecho, parece que ustedes han venido a coordinar porque no lo estaba haciendo tan bien el Gobierno de Emiliano García-Page", ha agregado.

"NOS ESTÁN ESPERANDO FUERA"

De su lado, el diputado del Grupo Socialista Rafael Esteban ha lamentado que España es "el tercer país europeo" con más pobreza infantil, y ha valorado las medidas que contempla este Plan de Garantías para mejorar la vida de las personas: "No están esperando fuera", ha indicado Esteban sobre las familias a las que "sus ingresos no llegan para solventar sus problemas económicos".

No obstante, el socialista ha considerado que este programa necesita de coordinación con las entidades locales, tanto diputaciones provinciales como ayuntamientos, ya que "puede poner su granito de arena para ayudar a solventar estos problemas".

"ERAN NECESARIAS POLÍTICAS DE RESCATE"

También, la diputada del Grupo de Podemos, María Díaz -que ha abandonado la Presidencia que ha ostentado de la mesa para poder intervenir en el debate-, ha recalcado que "eran necesarias políticas públicas de rescate ciudadano en lugar de rescate bancario". "Son políticas que pasan de la vieja lógica de subvenciones a derechos de la ciudadanía", ha recalcado sobre la esencia del plan.

"Permite elaborar un diagnóstico preciso sobre la región y coordinar la actuación de diversas consejerías", ha dicho Díaz, algo a su juicio necesario ya que "hasta ahora había políticas descoordinadas, islotes donde no había comunicación, algo que no ha hecho ningún favor a las políticas sociales de la región", ha reflexionado.