La sección sindical de CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, acusa al gerente de Valladolid de no atender las verdaderas necesidades de trabajadores y usuarios y de 'dilapidar el dinero público'.

El sindicato considera que es más acuciante dotar de medidas de seguridad adecuadas a las distintas sedes judiciales que carecen de seguridad presencial durante las noches, algunas no tienen arco y escáner, otras carecen de palas de seguridad y en otras el personal de seguridad es insuficiente.

Para la sección sindical de CCOO, se está poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores y la de los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales.

RIOSECO, CASO "PARADIGMÁTICO"

Sostiene además que los propios Magistrados y Letrados de la AJ - antiguos secretarios judiciales- están rechazando el mobiliario adquirido porque no es necesario dado que el actual se encuentra en buenas condiciones y que el que se ofrece nuevo es de peor calidad.

"Paradigmático" califica el caso de Medina de Rioseco, que carece de vigilante de seguridad, de escáner, de arco de detección de metales y de cámaras de seguridad, por lo que el acceso es completamente libre desde la planta baja a todas las dependencias del juzgado, lo que ha producido situaciones de tensión. Y sin resolver este problema han recibido un mobiliario que no necesitan.

CCOO suma a todo ello la falta de medidas en materia de prevención de riesgos laborales, que afectan tanto a los trabajadores de los distintos centros como a los ciudadanos que acuden a los mismos, lo que ha llevado al sindicato a denunciar al gerente de Justicia ante la Inspección de Trabajo, hasta en cuatro ocasiones.

Así, en el edificio judicial de la calle Nicolás Salmerón nº 5, que alberga trece juzgados, hay problemas de electricidad electroestática, a los que no se da una solución a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler.

Tampoco se realizan-denuncia CCOO-las oportunas evacuaciones y simulacros en todos edificios judiciales ni en todas las ocasiones que establece la Ley cuando deberían hacerse todos los años y en todas las sedes.

Tampoco se han instalado desfibriladores en las sedes judiciales cuando desde otras administraciones se está fomentando la instalación de los mismos por motivos de seguridad preventiva.