La iniciativa expresa "respeto" a la sentencia del TC, si bien considera que "establece una prevención exagerada sobre aspectos que, en realidad, la ley aragonesa subordina a acuerdos con el Estado sin vulnerar las competencias de éste y sin pretensión de cuestionar el respeto a la unidad de cuenca".

Asimismo, las Cortes subrayan el derecho de los aragoneses a esa reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos y reivindican "que cualquier institución, normativa o entidad respete siempre con pulcritud este derecho".

El parlamento aragonés también solicita arbitrar mecanismos o cauces de cooperación entre el Estado y las Comunidades que permitan un ejercicio de las competencias concurrentes sobre el mismo espacio físico "y que eviten interferencias, dispersión de esfuerzos e iniciativas perjudiciales para el conjunto".

Igualmente, reclama mecanismos que posibiliten a las Comunidades defender sus intereses dentro del marco de colaboración interterritorial e interadministrativo, para "respetar y potenciar el papel" de las autonomías "en la gestión compartida con el Estado de las cuencas intercomunitarias".

DIRECCIÓN PROHIBIDA

La iniciativa ha sido presentada por el Partido Aragonés y enmendada por el PSOE y ha sido apoyada por todos los grupos, salvo por Ciudadanos, a quien el portavoz del PAR, Arturo Aliaga, le ha indicado que va "en dirección prohibida, rompiendo un consenso de estas Cortes", cuando ésta es una propuesta de "diálogo" para apoyar los acuerdos que habido en esta materia.

Aliaga ha defendido "avanzar en la bilateralidad" para que se respete esa reserva hídrica y se fije cómo se va a gestionar, precisando que "se está revisando el nuevo pacto nacional del agua y hay que insistir en que se respeten estas cuestiones".

El diputado del PP, Ramón Celma, ha recordado que la reserva hídrica fue una propuesta del PP para el Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, que ahora "nadie pone en cuestión", para esgrimir que hay que actuar respetando el principio de unidad de cuenca" y comentar que en materia de agua "de lo que se habla en la calle ahora es de la sequía".

El parlamentario del PSOE, Herminio Sancho, ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, de presentar una nueva ley de aguas, para defender el acceso a este recurso para el futuro de los aragoneses y su desarrollo, "otra herramienta para luchar contra la despoblación", al tiempo que ha pedido respetar "el papel de las Comunidades en las competencias compartidas con el Estado en este ámbito".

BLINDAJE

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha dicho que "hay que blindar que Aragón no sea un almacén para que otros se desarrollen a nuestra costa" y ha apostado por "trabajar para mejorar la calidad del agua, los caudales ecológicos y planificar pensando en periodos de máxima sequía", gestionando con "eficiencia".

El parlamentario de Ciudadanos, Jesús Sansó, ha pedido no confundir a la sociedad aragonesa "desde la demagogia y el partidismo", con una "reserva hídrica imaginaria" y respecto a una ley de aguas "que fracciona la cuenca y genera inseguridad en la gestión" de este recurso, como advirtió el Manifiesto del Partenariado del Agua del Ebro, ha dicho.

La diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha recordado que la ley de aguas fue aprobada por unanimidad en las Cortes, ha considerado que "se ajusta a Derecho" y ha expresado su "sensación de dar pasos atrás" al tener que reivindicar cuestiones como la reserva hídrica, para confiar en que el Gobierno de España "respete el Estatuto de Autonomía de Aragón", que la recoge.