Mientras este paro técnico estaba secundado por las asociaciones Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Élite Taxi Sevilla, Fernando Morales ha indicado a Europa Press que el seguimiento de la jornada de huelga ha sido "total", asegurando en paralelo que los servicios mínimos dictados por la autoridad laboral han sido íntegramente cubiertos.

Del mismo modo, ha detallado que aproximadamente cien taxistas sevillanos, entre ellos él mismo, han participado en las movilizaciones celebradas en Madrid por el sector nacional del taxi, desligando a la delegación hispalense de los incidentes ocurridos en el marco de dicha manifestación de taxistas.

En el caso de Sevilla, el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.

No obstante, fruto de las gestiones del sector del taxi con la Junta de Andalucía en demanda de un refuerzo de las labores de inspección, la Administración andaluza sopesaría entre otros aspectos la idea de generar un banco de datos sobre las licencias de VTC para mejorar las tareas de inspección sobre las mismas, a través de una página web.

En paralelo, la Unión Nacional de Autoturismos (Unauto), que agrupa al sector de los VTC, viene denunciando la "insostenible situación de violencia" que sufren los conductores que ejercen esta actividad en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify, a manos de taxistas.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En ese contexto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha citado para el próximo 4 de diciembre a varios miembros de la directiva de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, en el marco de las diligencias incoadas por los presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos por los conductores de vehículos de transporte concertado.

La citada instancia judicial, en concreto, ha citado "en calidad de investigados" a un total de ocho hombres, entre ellos el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero, para que presten declaración el 4 de diciembre.

La causa judicial deriva de la investigación promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, que llegó a sumar un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense, donde se sitúa por cierto la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.