La ex dirigente de Unió Mallorquina (UM) ha llegado a la Audiencia Provincial de Baleares conducida en un coche policial desde la cárcel de Palma, donde cumple condena por otros casos de corrupción.

La defensa de la ex presidenta había estado trabajando estos últimos días para lograr un acuerdo pero finalmente no ha sido posible. Cabe recordar que en este caso están investigadas un total de ocho personas, entre ellas el ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, el ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, y el ex conseller de Presidencia, Miquel Ángel Flaquer.

Por este caso, la ex dirigente de UM afronta una petición de siete años de cárcel por presuntamente beneficiar a Studio Media Comunicación, una empresa vinculada a miembros del partido, con más de tres millones de euros de fondos públicos a través de varios contratos en los que la Fiscalía aprecia numerosas irregularidades detalladas en su escrito.

Paralelamente se trató de dar a la empresa un contrato complementario de más de 50.000 euros que detuvieron los servicios de fiscalización previa del Consell por considerarlo "absolutamente contrario a derecho".

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau acusa a Munar de haber "tolerado y consentido" las irregularidades administrativas en las contrataciones públicas, que "favorecían a personas próximas a su partido y a su esfera de actuación política". También la acusa de haber firmado e intervenido directamente en algunos de estos procedimientos de contratación.

Además, la empresa "no cumplió sus obligaciones" del contrato y parte del dinero público se destinó a patrimonio personal de diversos particulares, según la acusación, que sostiene que el precio pagado era muy superior al de mercado, más del 300%.

Por estos hechos, Munar está acusada de prevaricación continuada, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial por funcionario.

Por otro lado, Munar también estaba citada este viernes a una vista previa por otro caso relacionado con su gestión como cargo público, Son Oms, en el que sí se ha llegado a un acuerdo con Fiscalía. La ex presidenta ha admitido haber prevaricado y blanqueado dinero y ha aceptado pagar multas que suman 68.500 euros, pero evita la cárcel.