Agustín Martínez Becerra
Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los cinco sevillanos procesados. EFE/Villar López

'In dubio pro reo': Principio del derecho penal que estipula que en caso de duda se favorecerá al imputado.

Las defensas de los cinco acusados de la violación grupal de Sanfermines de 2016 saltaron a la arena de la última jornada del juicio sembrando dudas y sospechas sobre todas las pruebas, acusaciones y testigos de este mediático proceso, cuestionando a la denunciante y hasta a la fiscal, en un intento de cosechar la absolución para sus defendidos.

Los letrados emplearon ocho horas en tres alegatos muy personales en lo formal pero con una teoría subyacente compartida, la de que sus defendidos —José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo— creyeron en todo momento que las relaciones sexuales que mantuvieron en un portal con la denunciante eran consentidas.

El más mediático de los abogados, Agustín Martínez Becerra (representante de Prenda, Boza y Escudero), en un discurso con ínfulas literarias, denunció una "tormenta perfecta" contra sus defendidos y achacó al jucio social paralelo un intento de filtrar en sede judicial, "con ríos de tergiversaciones", el "mar de la condena" en el veredicto final.

"La caza de la manada", lo denominó.

Así comenzó su lectura de conclusiones el mismo abogado que terminó describiendo a sus defendidos como "unos verdaderos imbéciles, patanes y primarios, interesados en el fútbol, la pertenencia al grupo y en mantener relaciones sexuales con muchas mujeres" para añadir después que también son "buenos hijos que han visto su imagen destrozada y sus nombres vilipendiados sin que hayan cometido el delito".

Los abogados de la defensa creen que no hubo agresión sexual en Sanfermines sino unas relaciones en grupo primerizas y no satisfactorias El abogado consideró que no hubo una exteriorización "clara y sin matices" por parte de la presunta víctima de que no prestara su consentimiento a las relaciones sexuales. Rescató para probarlo una frase literal de la denunciante durante su declaración: preguntada si hizo algún gesto, manifestación o actuación que les pudiera indicar que ella no quería realizar prácticas sexuales, los abogados dijeron que contestó: "No hablé, no grité, no hice nada. Cerré los ojos y ellos pudieron pensar como que estaba sometida o como que no". A ese "como que no" se aferró también otro de los letrados.

Martínez Becerra mantuvo que "las relaciones sexuales fueron pactadas desde el inicio" por los seis participantes. A su juicio, lo que ocurrió en Pamplona el 7 de julio de 2016 en un portal de madrugada fueron "unas relaciones sexuales no satisfactorias" para la víctima que le generaron una serie de problemas de estrés.

El abogado echó por tierra todas las periciales del proceso. Las tachó de "contaminadas". Sus dardos alcanzaron a la fiscal, Elena Sarasate, a la que reprochó intención en no citar a un determinado testigo.

El caso era sembrar sospechas y dudas, también sobre la denunciante. Las defensas dijeron que mintió, que fabricó su declaración, criticaron su jovialidad, descartaron en ella rasgos psicológicos que presuponen a una víctima, cuestionaron sus gustos televisivos y la calificaron de "histriónica". Todo con el fin de infundir dudas sobre la credibilidad de su declaración, principal prueba de cargo contra los acusados cuyas penas podrían sumar hasta 26 años de prisión.

El segundo abogado de la defensa en comparecer, Jesús Pérez, además de insistir en que no hubo agresión sexual sino "una experiencia primeriza y no satisfactoria" de sexo en grupo que causó "malestar psicológico" y "arrepentimiento" en la víctima, consideró que el verdadero móvil de la denuncia fue su preocupación por unas prácticas "sexuales sin preservativo". El tercer letrado mostró su convencimiento de que influyó en la denuncia el temor a que las grabaciones sexuales pudieran ser compartidas en redes sociales.

La labor de las defensas, en efecto, se centró en rebatir cualquier argumento que presentara los hechos como un delito continuado de agresión sexual. De las periciales subrayaron que los médicos no apreciaron lesiones en la víctima y que no ha quedado probado que la víctima sufra estrés postraumático.

Las defensas exoneran a los cinco sevillanos alegando que no huyeron de la ciudad después de los hechos, ni salieron del portal a la carrera.  "¿Alguien piensa que después de una violación tan salvaje como nos quiere hacer creer la fiscalía dejando solo a la chica a falta de ponerse los leggings iban a salir tranquilamente? Que no estaba atada, ni drogada, ni sujeta a nada que le hubiera impedido salir a pedir ayuda", defienden sus abogados.

En su descargo todos mencionaron también que se mostraron "colaboradores" con la Policía desde el primer momento en el que son informados de la investigación y que entregaron los vídeos con las grabaciones sexuales entendiendo que en ellos estaba la prueba que les exoneraría.

En la vista, y con los acusados bastante más relajados que el día anterior —cuando tuvieron que escuchar de la fiscal que actuaron de manera "organizada" contra la víctima a la que sometieron "con grave intimidación"—, los abogados se refirieron con mayor detalle a las imágenes del encuentro sexual grupal. Lo hicieron para defender que en algunos de los momentos se intuye acción proactiva de la denunciante y despejar las dudas sobre una sumisión sobrevenida por el estado de 'shock' que ella alega.

En los vídeos "no se aprecia ningún rictus de asco, dolor, sufrimiento o pena". Digan lo que digan los peritos, los defensores solo ven en ellos "una película porno". A su juicio en los vídeos grabados "no se aprecia ningún rictus de asco, dolor, sufrimiento o pena". En la cinta, los defensores ven "una película porno". Y piden al Tribunal que se quite los prejuicios para entender que "a una joven de 18 años puede resultarle atrayente querer tener sexo con cinco hombres" en un contexto de "desenfreno etílico y sexual" como son los Sanfermines.

Sin considerar acreditada la agresión sexual continuada, las defensas apelaron al principio del derecho penal del 'in dubio pro reo' para exigir su absolución. Martínez Becerra defendió que los cinco "no deben estar ni un día más privados de libertad" (llevan desde la mañana siguiente a los hechos, 16 meses, en prisión).

Los cinco acusados pudieron realizar al final de los alegatos de sus abogados una última declaración pública. Fueron parcos en sus exposiciones, que en casi nada difirieron unas de otras: "Me declaro inocente y confío en la Justicia de este país" fueron sus básicas comparencias. Y el juicio quedó visto para sentencia.

Fuentes jurídicas creen que el Tribunal, presidido por José Francisco Cobo, se tomará hasta después de Navidad para preparar una sentencia que podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y también en casación ante el Supremo.