En rueda de prensa, el diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, la del PAR, María Herrero, y la de Cs, Susana Gaspar, han manifestado que "se han tirado a la basura" las 157 enmiendas presentadas por estos tres grupos, "la verdadera oposición", frente a los que "se dedican a soplar y sorber al mismo tiempo", dejando en el texto "errores técnicos y jurídicos".

El diputado del PP ha remarcado que las tres formaciones "representan mucho del arco parlamentario y de las opiniones de los aragoneses", pero en la ponencia para debatir este texto, que ha tenido dos sesiones, "el planteamiento inicial fue a todo en bloque no", "tirando a la basura casi 200 enmiendas, sin ni siquiera learlas", algo que "será legal", pero "inmoral" y "no cumple con la democracia de un parlamento".

"La ponencia ha sido una vergüenza para el sistema parlamentario aragonés, para el que se sienta demócrata y para el Gobierno de Aragón, que ha traído esta ley a esta Cortes", ha esgrimido.

A su entender, "la izquierda aragonesa ni sabe, ni cree en la separación de poderes" y piensa que Ejecutivo y Ayuntamiento de Zaragoza "son lo mismo que las Cortes" y estas últimas deben "decir amén a todo lo que se les plantea".

El diputado 'popular' ha explicado que esto responde a la intención de contar con esta ley, que entrará en vigor a los 20 días de ser aprobada, el 20 de diciembre, para que el Gobierno autonómico pueda transferir los ocho millones de euros pactados con el Ayuntamiento de Zaragoza y a cambio que se apruebe el Presupuesto de la Comunidad.

PACTO DE DESPACHO

Lafuente ha señalado que hay un "desprecio al sistema parlamentario", tras un "pacto de despacho" entre el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, y el alcalde, Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, respecto a una ley en la que "primero anularon la voz de los grupos municipales", después "la de los ciudadanos, al quitar el proceso de participación" y ahora "la de los grupos de las Cortes".

Lafuente ha enfatizado que este modo de proceder supone un avance "en ese camino de 'te pago', 'me compras', 'te compro', 'me vendo', 'te vendes', una secuencia de hechos" en la que no se permite el debate, ni "ningún tipo de participación".

Ha añadido que esta es la nueva política, "tapar la boca a todo aquel que no comulga con un pacto vergonzante que se firmó para aguantar los sillones de las Cortes, del Pignatelli -sede del Ejecutivo- y del Ayuntamiento de Zaragoza", a pesar de que el texto es "malo de solemnidad" y "tiene errores legales".

Lafuente ha estimado que la izquierda "ha perdido la legitimidad para hablar de transparencia, participación y diálogo" y se ha abierto "una puerta peligrosa en la que el Gobierno de Aragón impone que no se modifique nada de lo que traer a estas Cortes".

NORMA COMPLEJA

La diputada del PAR, María Herrero, ha subrayado que la ley de Capitalidad es "importante" y se hace referencia a ella en el Estatuto de Autonomía, una norma "compleja", que "durante mucho años no se ha podido aprobar" por no contar "con el respaldo suficiente para garantizar su permanencia en el tiempo".

Ahora, va a recibir el visto bueno de las Cortes sin aceptar ninguna enmienda, "lo nunca visto" ya que incluso "en las leyes de presupuestos siempre se ha aprobado alguna enmienda" y el PAR, "como grupo que ha apoyado al Gobierno" varias legislaturas, tenía el criterio de aceptar aquellas "que mejorasen el texto y que no cambiasen la filosofía".

En este sentido, "hubiéramos entendido" que no se aceptaran "las enmiendas de enjundia que cambiaban aspectos sustanciales", si bien en una ley como esta "tendría que haber intentado buscar el máximo consenso posible", pero ni siquiera se han tenido en cuenta cambios "de detalle, de cuestiones técnicas", que los servicios jurídicos "han dicho que no eran correctas", ha argumentado.

La diputada del PAR ha considerado que el texto que se apruebe está "fracasado de antemano", cuando "no hay antagonismos ideológicos" en esta materia con debate y diálogo "podríamos haber acordado cosas interesantes para darle vocación de permanencia y perdurabilidad" y ha recordado que el texto tampoco ha sido sometido a un proceso de participación ciudadana, como inicialmente había previsto el Gobierno de Aragón.

Herrero ha recordado que los diputados son "los responsables de aprobar las leyes, más allá de pactos que haya previamente con otras instituciones y colectivos" y "me daría vergüenza ser parlamentaria" y dar el visto bueno a un texto "que tiene fallos técnicos, jurídicos".

Ha aclarado que "lo que ha ocurrido está dentro del reglamento, pero éticamente es muy cuestionable, nos causa sonrojo y bochorno", para preguntarse "si es un efecto de la combinación entre nueva política y la nueva izquierda" porque "esto no se ha visto nunca" y advertir de que esto "va a afectar a muchas personas".

En este punto, ha sostenido que si lo que se pretendía es poder traspasar esos ocho millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza, se podía "haber buscado otra solución" en vez de propiciar "una situación lamentable que nos deja perplejos".

LEY PARTIDISTA

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha opinado que lo ocurrido es "un claro ejercicio en contra de la democracia" respecto a una ley que debería servir "para dar estabilidad a la singularidad de Zaragoza", pero que se ha convertido en una "ley partidista".

Gaspar ha indicado que en el Ayuntamiento se comenzó el trámite "hablando de unanimidad", pero los grupos "de repente se encontraron ante un abrazo entre Lambán y Santisteve" y con un proyecto de ley en el "que se había excluido su voz", que llegó a las Cortes, donde "pensábamos mejorarlo", pero de nuevo han vuelto a "excluir la voz de la verdadera oposición, que representamos a la voz de muchos aragoneses".

La parlamentaria ha definido este proceder como "atraco a mano armada a una ley", "aprobada exclusivamente por los grupos que apoyan al gobierno", que "se han olvidado de la luz, el streaming, el taquígrafo y la democracia", para apuntar que en el Ayuntamiento "ni siquiera hay actas de las últimas reuniones entre los técnicos municipales y los del Gobierno de Aragón".

La diputada de Cs ha sintetizado que "ha habido un cambio de cromos" para que esos ocho millones de euros lleguen al Ayuntamiento de Zaragoza antes del 31 de diciembre de este año, si bien se ha preguntado cómo se va a llevar a efecto puesto que el Gobierno de Aragón ya ha procedido al cierre del Presupuesto de este año.

COMISIÓN

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes autonómicas ha votado este lunes el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de Capitalidad, que ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Podemos y Grupo Mixto, mientras que PP, PAR y Cs han votado en contra.

Asimismo, se ha elegido al socialista Darío Villagrasa como diputado responsable de defenderla ante el pleno del Parlamento aragonés, donde previsiblemente se aprobará definitivamente este jueves, con el voto a favor de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y la abstención de PP, PAR y Cs.