La Secretaría de Organización que dirige José Luis Ábalos le pedirá explicaciones y escuchará al afectado, pero en esta fase del procedimiento aún preliminar no tomará represalias contra él, añaden las fuentes consultadas.

El Código Ético del PSOE obliga a los cargos públicos y orgánicos del partido a dimitir de forma inmediata si se les abre juicio oral en un procedimiento penal por delito grave porque, de lo contrario, serían suspendidos cautelarmente de militancia.

No obstante, existen precedentes en la historia reciente del partido en los que representantes públicos implicados en un proceso penal dejaron el cargo mucho antes de la fase del juicio oral.

Fue el caso del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, que entregaron sus actas de diputados en el Congreso en junio de 2015 -siendo Pedro Sánchez secretario general del partido- nada más conocer que el Supremo les imputaba en el caso de los ERE fraudulentos de la administración andaluza.

Pero hasta que el Supremo dé el siguiente paso formal en el caso que afecta a Gutiérrez Limones pueden pasar meses. El Alto Tribunal deberá dirigirse a la Cámara Baja para pedir el correspondiente suplicatorio que le permitirá proseguir el trámite del proceso contra el diputado.

PORTAVOZ DE EXTERIORES EN EL CONGRESO

Gutiérrez Limones, que gobernó el tercer municipio más poblado de Sevilla durante más de dos décadas hasta su renuncia en mayo de 2016, ejerce de portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

La noticia de que el Supremo abría causa con él, conocida el jueves pasado, le pilló de viaje de trabajo en Copenhague, en una reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que forma parte. De ahí que su convocatoria en Ferraz no haya sido inmediata y se haya dejado para esta semana que entra.

El Supremo ha decidido abrir causa contra el diputado, que es aforado por su condición de parlamentario, atendiendo a la petición que le hizo el juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra, encargado de investigar la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño.

Tras estudiar la exposición razonada que le remitió el citado juzgado, el Supremo admite que "aparecen indicios de criminalidad que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos" por parte de Gutiérrez Limones, y por eso resuelve que "procede asumir la competencia en lo que respecta al aforado", pero no en los aspectos de la causa judicial relativos a los no aforados.

El caso que salpica al diputado sevillano tiene que ver con la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación, que pertenecía al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y a la que se cargaban, según conversaciones interceptadas a un antiguo contable, gastos en comidas de los responsables de la sociedad, así como viajes, entradas a teatros, regalos, relojes o cámaras de fotos.

En la exposición razonada que el juez de Alcalá de Guadaíra Javier Francisco Alba remitió al Supremo pidiéndole que abriese causa contra Gutiérrez Limones, el diputado aparece mencionado como el supuesto beneficiario, junto a su familia, de un viaje a Madrid para visitar el parque Warner y Faunia por 976 euros que fue facturado a Alcalá Comunicación.

Pero en su escrito, el magistrado sostiene que Gutiérrez Limones conocía las irregularidades que se cometían en la sociedad, incluida la práctica de obligar a proveedores y clientes a facturar dos veces por el mismo concepto.

Es más, el juez atisba una "intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones ahora investigadas", con "la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social" de la sociedad, acometida con Gutiérrez Limones como presidente de la junta general de Alcalá Comunicación.

Y es que la empresa nació para gestionar los medios de comunicación municipales, pero su objeto social se extendió posteriormente a "cuantas actividades o servicios que coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de la localidad de Alcalá de Guadaíra le sean encomendadas por el Ayuntamiento".

El juez recuerda también que Limones hizo "caso omiso" a las peticiones que, hasta seis veces por escrito, le presentó el interventor de la empresa para contar con más personal y medios materiales para controlar las cuentas de la sociedad.