Los delitos por los que los investiga son estafa, falsedad en documento público y mercantil y contra la propiedad industrial en el marco de la operación Sembra.

El caso comenzó a investigarse en el verano de 2016

al conocer posibles irregularidades de varios agricultores de La Moraña y una empresa cerealista, a la que se investigó en sus almacenes de Velayos.

El procedimiento era vender el grano destinado a consumo animal o humano, pero antes compraban semillas certificadas tipo R-1 o

R-2, y tras cosecharlo lo vendían a una empresa que lo acondicionaba para luego venderlo, lo que está prohibido por ley.

La empresa tiene la obligación de dar cuenta de este proceso a la Gestión de Licencias Vegetales (Geslive) para llevar un control en el reempleo de la siembra de variedades protegidas y su posterior pago del conocido 'canon o royalty'.

En enero de este año se inspeccionaron las instalaciones de acondicionamiento de grano para siembra, sobre todo el libro de entradas y salidas, y se detectaron manipulaciones y contrariedades en las declaraciones de todos ellos.

Luego se detectó que aparecía venta de cereal para consumo animal por un precio muy superior al establecido en el mercado, por lo que los datos no se ajustaban a la realidad, dado que en las facturas constaba que el destino de las ventas eran para consumo animal cuando en realidad se trataba de venta de grano para siembra, algo totalmente contrario a la normativa.

Además, el pago del correspondiente 'royalty' no se estaba efectuando al omitir dar cuenta a Geslive, una empresa filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove).

Dado que la cantidad económica que posiblemente se haya defraudado a la Hacienda Pública, la Guardia Civil ha solicitado la colaboración del Departamento de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera (DAVA) para poder controlar debidamente el posible fraude cometido, al no dar cuenta en las compras y ventas del IVA y tener indicios suficientes para sospechar que se podría estar cometiendo un fraude de varios millones de euros.

La instrucción de la causa la lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arévalo.

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