Jubilación
Una pareja de jubilados se relaja frente a una piscina. GTRES

En cuestión de pensiones estamos igual que hace un año, esperando a que se concrete una reforma del sistema público que haga viable su sostenibilidad en el tiempo.

El Pacto de Toledo —creado en 1995 por casi la totalidad de los partidos políticos para resolver los problemas que pudieran surgir— se puso a trabajar hace 12 meses con el objetivo de introducir los cambios pertinentes. Se esperaba una resolución temprana, para la primavera de 2017. Pero el año se acaba, y la reforma se ha atascado.

Las discusiones han encallado al llegar al punto que trataba las revalorizaciones de las prestaciones. El sistema público de pensiones tiene varios problemas de base. El primero es la acumulación de un déficit  —la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta— continuo desde 2013 en la Seguridad Social y que este año se prevé que supere los 18.000 millones de euros. A este se suman otros, no menos importantes, como son el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la permanencia de una tasa de paro elevada.

Desde la crisis, también está afectando de manera significativa la reducción de los sueldos, y por tanto, de las cotizaciones. La conjugación de todos estos elementos desemboca en una disminución paulatina de los ingresos para pagar a los pensionistas, que cada año van siendo un número mayor y viven más tiempo. Al cierre del pasado octubre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tenía contabilizados 5,86 millones de jubilados, cifra un 1,56% superior al mismo mes de 2016 y un 19% que al cierre de 2007.

"Hay que sensibilizar a los ciudadanos de que es muy importante el ahorro a largo plazo, de cara a la jubilación, ya que de ello dependerá que podamos seguir disfrutando de un nivel de vida similar al que tenemos como trabajadores activos", explican en Cajamar. Según recoge el Banco de España en un documento, "una persona con 65 años hoy tiene una longevidad esperada de casi 6 años más que una misma persona de la misma edad en 1975, y se proyecta que vivirá 8 años menos que la que tenga 65 años en 2060. Como resultado, la población mayor de 67 años que representaba el 10% del total en los ochenta actualmente supone más del 16%, y llegará al 30% en la década de 2040". Hace apenas unas semanas la OCDE hizo público un informe en el que España aparece situado como el segundo país de los 35 que integran la organización con mayor esperanza de vida. La media se sitúa en los 83 años. Desde 1979 ha mejorado en 10 años.

Hay que sensibilizar a los ciudadanos de que es muy importante el ahorro a largo plazo

El sistema público de pensiones español está basado en el reparto y la solidaridad. Es decir, de una manera sencilla podemos decir que con las cotizaciones de los trabajadores que se encuentran en activo se pagan las pensiones de quienes ya se han retirado laboralmente. De ahí la necesidad de acometer cuanto antes una reforma que haga factible la fórmula actual. Un informe de la consultora PWC señala que hay que ser conscientes de que el sistema público vigente "se estableció en un momento de tiempo dado, con unas circunstancias sociales y económicas determinadas. Este tipo de procedimiento ha sido viable hasta la fecha, pero previsiblemente no lo será en el futuro debido a la evolución de dichas circunstancias".

Son muchas las opiniones vertidas sobre cuál es la solución que debe tomarse. "Hay que realizar reformas de gran calado como las acometidas por Suiza e Italia", subraya el estudio de PWC. Los partidos políticos aún deben tomar un acuerdo al respecto, pero lo que está claro es que los próximos jubilados recibirán menores prestaciones públicas que los actuales. "Se debe concienciar a la población por parte de los políticos sobre el previsible futuro de las pensiones públicas, las medidas que se van a adoptar para garantizar la viabilidad en el largo plazo y la necesidad de complementar las mismas mediante aportaciones privadas para garantizar unos ingresos razonables a la jubilación", explica PWC.

La pensión media por jubilación se situó el último mes en 1.068,38 euros. Pero hay una gran diferencia entre la cuantía mínima de 786,90 euros para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo (la cifra baja si no hay vínculo matrimonial, el pensionista está solo, o tiene menos edad) y la máxima de 2.573,70 euros, establecida por el Gobierno para el presente ejercicio.

Estos importes quedaron fijados tras aplicarse una revalorización del 0,25% sobre los de 2016, el mínimo establecido por ley. En los últimos cuatro años la actualización de las pensiones se ha hecho en los mismos términos. Antes de la reforma de 2013 se vinculaba a la evolución del IPC.

Y la tendencia parece que va a ser la misma para 2018. El Ejecutivo contempla de nuevo una revalorización del 0,25%, según consta en el plan presupuestario que ha remitido recientemente a Bruselas. De ser así, las pensiones subirían menos que el aumento registrado en los precios al consumo, por encima del 1,5%. Precisamente, la pérdida del poder adquisitivo ha movilizado a los pensionistas este año en varias ciudades españolas.

La realidad es ya bastante dura en algunos casos. Según datos de Empleo y Seguridad Social a septiembre, un 25% de los jubilados españoles cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, de 707,60 euros. Y de estos, un 48% percibe cada mes entre 600 y 650 euros. Además, más de un tercio del total no llega a mileurista, y únicamente un 7,8% llega o supera los 2.000 euros.

Los nuevos pensionistas reciben prestaciones un 38% superiores sobre las que causan baja

Por otro lado, existe un elemento añadido que está influyendo en el incremento de la factura de las pensiones por parte del Estado y que hace que la media percibida por jubilación haya subido más de lo que realmente lo ha hecho: el denominado factor de sustitución o de reemplazo.

Esto significa que los nuevos pensionistas están recibiendo prestaciones un 38% superiores sobre las que causan baja (de fallecidos); es un dato histórico. "El valor de las pensiones depende de los sueldos y la cotización, y las personas que hoy y en los próximos años llegarán a la edad de jubilación, han disfrutado de mejores sueldos y altas contribuciones a la Seguridad Social. Lo que implica pensiones más altas y explica la situación", comentan desde Mapfre.

La nómina de las pensiones de la Seguridad Social alcanzó el mes de octubre los 8.832 millones, nuevo récord. Esta cuantía ha subido un 56% en la última década. Sólo en pagos para los jubilados el ascenso ha sido del 66% en este periodo. Por comunidades, el País Vasco tiene la pensión media más alta (1.320,62 euros al mes) y Extremadura la más baja (881,03 euros).

FMI y OCDE alertan sobre los próximos jubilados

El estado de las pensiones públicas en España ha traspasado fronteras. En las últimas semanas el FMI y la OCDE se han manifestado al respecto mostrando ambas instituciones preocupación por la situación. El FMI calcula que quienes se jubilen este mismo año perderán el 30% del poder adquisitivo mientras dure el periodo de la prestación pública. Según sus estimaciones, las pensiones únicamente podrán revalorizarse un 0,25% al menos hasta 2050.

El FMI calcula que quienes se jubilen este año perderán el 30% del poder adquisitivo

Esta subida contrasta con las estimaciones del IPC, que espera que se mantenga sobre el 2%. De ahí, sus perspectivas de que los nuevos jubilados vayan a perder un tercio de su poder adquisitivo. Pero el organismo dirigido por Christine Lagarde advierte de que esta tendencia parece que será incluso peor a medio y largo plazo, porque a partir de 2019 se tendrá en cuenta el factor de sostenibilidad, lo que reduciría en otro 10% los ingresos a recibir por parte de la Seguridad Social. En su opinión, esta situación podría generar "presiones políticas y sociales". El FMI considera que es necesario un "ahorro complementario" para los nuevos jubilados.

Por su parte, la OCDE estima que las desigualdades entre las personas mayores crecerán en un futuro, y que será "particularmente difícil garantizar una pensión decente a las personas con bajo nivel educativo y las mujeres", debido a que se trata de personas con peores periodos de cotización a la Seguridad Social, y por tanto, con menos derechos sobre las prestaciones. El organismo opina que es alarmante el alto nivel de desempleo que existe en España una década después de iniciarse la crisis y de inactividad laboral, dos factores que afectan directamente a la financiación del sistema público. Las conclusiones del organismo fueron duramente críticas por el Gobierno.

¿Qué se está haciendo en el resto del mundo?

  • Países anglosajones

Para recibir la prestación pública se necesita haber cumplido los 66 años. Se retrasará a los 67 años a partir de 2023; en Irlanda serán necesario tener 68 años desde 2028. El periodo mínimo de cotización son 10 años. Las prestaciones públicas son mínimas al coexistir con pensiones de empresas obligatorias, según un informe de Aviva.

  • Europa Central

Existen diferencias en la edad de jubilación entre países y de periodos exigibles de cotización. El modelo que siguen presenta unas tasas de sustitución netas (públicas más privadas obligatorias) sobre el 60% de la renta salarial media.

  • Europa del Sur

Se retrasará la edad de jubilación hasta los 67 años. La tasa de sustitución es actualmente de las más elevadas, superando el 86% (sumando pensión pública y privada). El periodo mínimo de cotización oscila entre los 15 y 20 años, según el país.

  • Países Nórdicos

Haber residido en el país o trabajado en el mismo es una condición necesaria para percibir la pensión. La transición de la edad de jubilación a los 67 será más lenta al no haber problema demográfico. La tasa de sustitución es del 70%, aunque en Holanda llega al 95%

  • Emergentes

La edad de referencia está entre los 60 y 65 años, aunque algunos países hacen distinción según sexo, siendo más favorable para la mujer. El tiempo de cotización es amplio.

  • Asia

Los periodos de cotización oscilan entre los 15 y 25 años. En algunos casos se aplican factores de sostenibilidad ligados a la esperanza de vida.