El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y portavoz del equipo de Gobierno (PP) del Consistorio, César Díaz, así lo ha afirmado este viernes a preguntas de la prensa sobre el plazo que podría llevar la revisión del planeamiento que hay que hacer tras la anulación del PGOU de 2012 por parte del Tribunal Supremo.

Díaz ha señalado que los plazos "lamentablemente, con la legislación actual, son largos" y, de hecho, Santander tardó ocho años en redactar y tener aprobado el de 2012, en el que se llevaba trabajando desde 2004, y "seguramente fuimos uno de los ayuntamientos que menos tardó".

"La revisión de un plan general, si no hacemos el esfuerzo de acomodar la legislación a unos plazos mucho más razonables y sensatos para que un ayuntamiento se pueda dotar de un planeamiento, pues ahora mismo está en el orden de los ocho años, puede ser un poco menos pero normalmente más", ha explicado el edil.

Díaz ha sido cuestionado por los pasos para elaborar ese Plan General de Ordenación Urbana tras presentar los presupuestos de su concejalía para 2018, en los que se incrementa la partida de estudios y trabajos de 600.000 a 900.000 euros precisamente para poder iniciar los trabajos con la contratación del servicio técnico.

Ha avanzado que la intención del equipo de Gobierno es tener los pliegos para la contratación de ese servicio antes de acabar este año para, a principios de 2018, comenzar los trámites con Contratación e Intervención municipal con "la idea de tener asistencia técnica al servicio de Urbanismo para hacer todos los trabajos previos que requiere la elaboración de un plan general".

Pero ha insistido en que esa elaboración será larga debido a la legislación actual porque, tras la anulación del PGOU de 2012, "a todos los efectos hay que partir de cero" a pesar de que, ha reiterado, el planeamiento fue anulado "lamentablemente por una causa externa" al Ayuntamiento como fue la anulación en 2013 del bitrasvase del Ebro por una "deficiente" evaluación ambiental.

De ello, ha enfatizado, fueron "responsables" el Estado, la Confederación Hidrográfica y el Gobierno de Cantabria y, por ello, ha recordado, el Consistorio les ha realizado una reclamación patrimonial de los 3 millones de euros que costó la elaboración del PGOU.

Díaz ha señalado que el caso de Santander no es aislado ya que "cada día se anulan planes" en el Tribunal Supremo, planeamientos que se han tardado en elaborar muchos años porque son documentos muy extensos, lo que les hace "frágiles ante recursos". A su juicio, esta situación muestra que "algo falla".

Ha puesto como ejemplo el planeamiento de Boadilla del Monte, en Madrid, que ha sido anulado porque no contaba con un informe de género que analizase la incidencia de un plan general en la igualdad de género.

En el caso del PGOU de Santander, ha reiterado que contaba con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y fue aprobado provisionalmente por el Pleno municipal y definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es quien tiene las competencias y hace "un control de legalidad".

"Si después de tener un documento ocho años en elaboración, contar con todos los informes favorables y pasar por un control de legalidad del Gobierno de Cantabria, después resulta que se anula pues es que algo está fallando", ha dicho.

Por ello, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de Cantabria cambiar la legislación para reducir los plazos de elaboración de estos planes y que "dejen de tener esa fragilidad jurídica". "Creo que es algo que hay que abordar con urgencia", ha apostillado.