El Ayuntamiento de València ha anunciado este jueves que licitará "de forma inmediata" un nuevo contrato para el suministro de energía eléctrica del consistorio y dos entidades dependientes, en el que eliminá los apartados anulados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contracturales (TACRC), que ha estimado en parte los recursos presentados por Gas Natural y Endesa contra esa licitación. El nuevo contrato exigirá que sea energía "cien por cien renovable".

El TACRC ha anulado esos apartados -algunos referidos a cláusulas sociales contra la pobreza energética- al considerar que vulneran la legislación, son impropios de estos concursos o van contra la libertad de empresa. El contrato del consistorio blindaba los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad a través de una cláusula que impedía cortar la luz a un cliente sin pedir antes un informe social que acreditara una situaciión de vulnerabilidad.

El concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, ha asegurado en un comunicado que el consistorio sacará "de forma inminente" una nueva licitación pública "eliminando las partes impugnadas por el tribunal administrativo de recursos contractuales", que son la cláusula que impedía a la adjudicataria cortar la luz a una familia hasta que no se estableciera por los servicios sociales si se encontraba en riesgo de vulnerabilidad energética y la posibilidad de firmar convenios con la adjudicataria para luchar contra la pobreza energética.

En tercer lugar, el TACRC ha estimado el recurso por los precios máximos de la energía, un apartado que establecía que el Ayuntamiento se reservaba la posibilidad de adherirse a unos precios más ventajosos que los de la licitación si la adjudicataria tenía otro contrato con otro administrativo a menor importe.

ENERGÍA RENOVABLE

"En definitiva, el contrato de compra de energía tal y como había diseñado el gobierno para defender los intereses municipales en cuanto a precio y de los vecinos y vecinas en cuanto a protegerlos frente a situaciones de vulnerabilidad energética, no puede ir adelante. Lo que sí puede ir adelante es un nuevo contrato exigiendo energía 100% de origen renovable y esto es lo que haremos", declaró Campillo.

Asimismo, la Concejalía estudiará presentar ante la justicia ordinaria un procedimiento contencioso-administrativo para recurrir la decisión con el objetivo de "mantener las cláusulas sociales de la licitación pública del contrato de la luz y los intereses y los recursos de los valencianos".

Según este departamento, serán los propios servicios jurídicos municipales quienes determinarán las posibilidades de éxito del recurso "ya que además, el Gobierno central ha recurrido la ley 3/2017 de medidas contra la pobreza energética de las Cortes Valencianas en el Tribunal Constitucional y por tanto, esta ley entrará inmediatamente en suspenso".

"Se ven en estas acciones la similitud de intereses entre el Gobierno central del PP y las grandes compañías eléctricas, que de ninguna manera quieren combatir la pobreza energética de la ciudadanía que peor lo está pasando", ha lamentado el edil, que asegura entender que el concurso "pueda molestar a los poderosos, pero por ello estamos aquí".

"El Gobierno de Joan Ribó tiene como principal objetivo rescatar personas. El Gobierno de la Nau defenderá el interés de los vecinos de València por encima del interés de las grandes corporaciones eléctricas", ha insistido, para calificar de "lamentable que las grandes compañías eléctricas de este país aún no se hayan dado cuenta del cambio profundo de nuestra sociedad".