La Junta de Castilla y León espera culminar antes de final de año la elaboración de la Guía de Actuación en violencia de género para la comunidad educativa, que podría presentarse a principios de 2018, según ha avanzado este miércoles la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha presidido la reunión de la Sección de Género del Observatorio de la Comunidad.

La guía pretende la detección de los casos de violencia de género que puedan darse en el propio centro escolar o bien de los que sean víctimas en su hogar los alumnos, como hijos de víctimas, para lo que se va a desarrollar un protocolo específico para la derivación de los casos detectados a los profesionales de servicios sociales, para su valoración y atención.

Éstas son algunas de las medidas que García ha adelantado de cara al año próximo, a las que se sumará un refuerzo de la coordinación con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del intercambio de información y el sistema Viogen.

Por otro lado, habrá ayudas fiscales para huérfanos menores de edad de mujeres asesinadas, se eximirá de las tasas universitarias a los que sean estudiantes en estas instituciones académicas y se reducirá en un 99 por ciento el impuestos de sucesiones en las adquisiciones en que el causante sea víctima de violencia de género.

Asmismo, se reforzará la lucha contra la trata de mujeres y niñas y contra las agresiones sexuales, al tiempo que se incorporarán medidas destinadas a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Por último, se aprobará el reglamento que regulará la Red de Centros y Casas de Acogida de víctimas de violencia de género, a fin de ordenar y homogeneizar las condiciones y características que han de tener.

Estas medidas se sumarán a las ya implantadas en 2017, como la aprobación de la Agenda para la igualdad de género 2020, la firma de convenios de colaboración con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, el Colegio de Periodistas de la Comunidad o el Consejo de la Abogacía en la región.

También se ha desarrollado un sistema de información único y compartido que integra todos los procedimientos definidos en el modelo para la atención a las víctimas y los informes de valoración, que pueden ser consultados de forma telemática por el personal especializado de las corporaciones locales, las secciones de Mujer y los jueces y fiscales, a la vez que se han establecido criterios comunes para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género y se ha establecido un Mapa de Recursos para víctimas, así como una Guía Clínica y un protocolo de derivación.

6.891 LLAMADAS

De acuerdo con los datos analizados este miércoles en la reunión -en la que estaban representadas las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad; la Federación Regional de Municipios y Provincias; la Delegación del Gobierno; las universidades públicas; los sindicatos CC.OO. y UGT; la patronal CECALE; la organización agraria ASAJA, y federaciones de asociaciones de mujeres de Castilla y León como ISMUR, CERES, FADEMUR, FAMECALE, Red Madre, Mujeres Progresistas, FEMUR Y AFAMMER- de enero a septiembre se atendieron 6.891 llamadas por violencia de género (2.057 en el 016, 2.735 en el 012 Mujer y 2.099 en el 112.

Más de medio millar de mujeres, 591, recibieron información y asesoramiento jurídico, mientras que se realizaron trabajos de traducción e interpretación para víctimas en 22 llamadas y once documentos.

En este periodo, los tres centros de emergencia atendieron a 129 mujeres y 111 menores, mientras que en las 14 casas de acogida de la Comunidad se dio refugio a 91 mujeres y 84 menores. Siete mujeres se beneficiaron de viviendas para fomentar su autonomía, mientras 54 percibieron ayuda económica y 219 renta garantizada de ciudadanía.

En el primer semestre de 2017 se presentaron 2.704 denuncias, de las que sólo el 0,0075 por ciento fueron falsas de acuerdo con la memoria de la Fiscalía General del Estado, y se solicitaron 802 órdenes y medidas de protección, de las que 608 se concedieron y 194 se inadmitieron.

En el sistema Viogen constan 2.648 casos activos de violencia de género en Castilla y León, de los que 1.153 cuentan con medidas de protección policial y a 52 víctimas se ha asignado dispositivos electrónicos de protección, mientras que 421 víctimas utilizan en la Comunidad los terminales Atenpro.

Por lo que se refiere a las medidas para la inserción socio-laboral de mujeres víctimas, se logró la contratación de 64, seis de ellas a través de subvenciones a empresas, 13 a través de entidades del tercer sector y 45 mediante el Programa Empleo Mujer.

De enero a septiembre 25 municipios se adhirieron a la Red contra la violencia de género, se llegó a 19.000 personas en actuaciones de sensibilización hacia los jóvenes, más de 2.900 empresas solicitaron asesoramiento para implantar medidas de igualdad y más de 7.000 hombres y mujeres del medio rural participaron en actuaciones de sensibilización, formación y empoderamiento de la mujer.