Los hechos se remontan al año 2009 cuando el Ayuntamiento de Antigüedad aprobó en el pleno una obra de ampliación y renovación del alumbrado público para la que se solicitó una subvención a la Dirección General de Cooperación Local.

Al tratarse de un contrato menor de obra, acordaron su adjudicación directa por el Alcalde, aunque previo a dicha adjudicación se solicitaron varios presupuestos a empresas cualificadas, a la vez que se acordaba adjudicar la obra a quien presentase una mejora superior, eso sí dentro del precio máximo.

La empresa adjudicataria finalmente realizó la obra presupuestada en 43.134,99 euros por 28.876,78

y el resto hasta esa cantidad se ejecutó en las mejoras que el Ayuntamiento le indicó, aunque expidió al Consistorio de la localidad diferentes facturas relativas a otras obras, algo con lo que el Ayuntamiento no estaba de acuerdo.

Así, según la sentencia, el delito de fraude y exacción ilegal no se ha acreditado por la negativa a pagar las citadas facturas por parte del Ayuntamiento de Antigüedad, lo que demuestra que el alcalde y la empresa no tenían ningún trato al respecto.

Asimismo, absuelve al resto de acusados de los delitos de falsificación de certificados al no encontrar que el certificado de finalización de las obras sea falso.

El Tribunal no ha podido dar por acreditada la comisión de ninguno de los delitos por los que se formuló acusación tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado y por ello ha absuelto a todos los acusados.