"No está, a diferencia de lo que hemos podido comprobar recientemente en Cataluña, para discriminar a los niños por las actuaciones u opiniones de sus padres o para el adoctrinamiento ideológico, esa no es la finalidad de las escuelas", ha asegurado.

Para evitarlo, es preciso impulsar reformas legislativas que den a la Alta Inspección un poder real de intervención cuando se estén vulnerando derechos".

"Resulta indispensable reforzar y potenciar su papel para que pueda supervisar de manera efectiva la actuación de la administración autonómica en materia educativa, dotándola del marco jurídico adecuado para que sea un instrumento eficaz", ha añadido.

A este respecto, ha explicado que las competencias de la Alta Inspección en la actualidad están relacionadas con la supervisión burocrática de la norma que desarrollan las distintas comunidades autónomas, velando porque se garanticen los derechos educativos básicos.

Jesús Ángel Garrido ha presentado una Proposición No de Ley del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja para reforzar la Alta Inspección de Educación "para que, por ejemplo, pueda entrar en los centros educativos, supervisar el trabajo de los docentes, así como de los inspectores de educación que dependen de cada Comunidad Autónoma", ha apuntado.

En concreto, la iniciativa insta al Gobierno de La Rioja a manifestar la necesidad de incorporar en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación una serie de medidas que refuerzan la Alta Inspección Educativa acordadas en el Parlamento de La Rioja, "con el fin de que pueda actuar de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad, así como velar por el cumplimiento de los principios constitucionales".

En este sentido, entre las reformas recogidas en la Proposición No de Ley, el Portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional ha subrayado que resulta totalmente necesario que la Alta Inspección Educativa "pueda realizar un requerimiento formal ante comportamientos que vulneren la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales".

Del mismo modo, ha señalado que es preciso llevar a cabo los cambios normativos necesarios para que la Alta Inspección Educativa "pueda realizar requerimientos e inspecciones a centros educativos, así como elaborar informes sobre aspectos como el currículo, los libros de texto o la defensa de los derechos lingüísticos".

Jesús Ángel Garrido ha explicado que otra de las propuestas recogidas en la iniciativa que se debatirá en la Cámara Regional es que la Alta Inspección "garantice la neutralidad ideológica y política de los centros docentes, que deben ser lugares de aprendizaje libres de adoctrinamiento". A su vez, ha puesto el acento en que su Grupo defiende que "los funcionarios del Estado de la Alta Inspección gocen efectivamente de la consideración de la autoridad pública en el ejercicio de estas funciones".

Por último, la propuesta del Grupo Popular aboga por "mejorar la colaboración entre la Fiscalía y la Alta Inspección para acelerar la persecución de los delitos de odio cuyas víctimas son los menores en centros educativos".