Así consta en una providencia en la que se requiere a la Conselleria que comunique a la mayor brevedad el nombre y cargo de la autoridad o funcionario responsable de ejecutar el fallo -entregar la información al PP- y se avisa de la interposición de multas si persiste en el incumplimiento, además de la deducción de testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Frente a esta resolución cabe recurso de súplica.

La sentencia a la que hace referencia fue dictada el 31 de octubre de 2016 a raíz del recurso presentado por el diputado del grupo popular en las Corts Rubén Ibáñez por vulneración de derechos fundamentales, al no haber recibido la información que había solicitado, en calidad de diputado, a la Conselleria de Educación.

En concreto, pedía la relación detallada del número de cajas fijas existentes en las universidades públicas valencianas, así como la relación detallada de facturas y resto de gastos realizados con cargo a las partidas de caja fija de esas universidades desde los años 2006 a 2014 inclusive.

El Ministerio Fiscal consideraba que la negativa a facilitar esta información suponía una infracción del artículo 23 de la Constitución mientras la Administración se oponía, dada la autonomía económica y financiera de la universidad, que la petición no siguió el procedimiento adecuado y esgrimiendo también que dado "el carácter genérico y desmesurado de la solicitud, esta afecta al funcionamiento de los servicios".

El TSJCV entendió que más allá de la garantía de la autonomía económica y financiera de las universidades esta no es absoluta porque no escapa de cualquier control o supervisión y aducía también que el fundamento de la información solicitada era el control parlamentario del Gobierno. Sobre la afectación del funcionamiento del servicio por tener que facilitar esa cantidad de documentación, considera "anacrónico" el argumento "a la luz de las nuevas tecnologías de que en la actualidad se dispone para proporcionarla".

Por ello, declaraba la vulneración constitucional y obligaba a Educación a facilitar la documentación que pedía el PP, con la imposición de las costas a la administración por un máximo de 1.500 euros.