Así, tras dos juicios en dos tribunales distintos de la vía contenciosa administrativa de Málaga, el proceso llega ahora al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según han indicado desde el despacho en un comunicado.

El hecho comenzó con un convenio urbanístico firmado en 2004 entre el Consistorio y una empresa promotora, dueña de una parcela en pleno centro del municipio y que hoy en día es uno de los ejes comerciales, de tránsito y culturales de la ciudad. La actual Plaza de la Constitución, a las espaldas del propio Ayuntamiento.

La empresa cedía esta parcela al Consistorio, a cambio de otra serie de espacios edificables en otros puntos del término municipal; y la recalificación de unos terrenos para poder hacer un uso comercial de ellos.

En caso de no producirse esta recalificación, que nunca se llevó a efecto, el Ayuntamiento tendría que indemnizar con unas partidas económicas. Según han precisado, el convenio establecía los modos de reclamación y unos plazos muy específicos para hacerlo.

En una primera vía judicial, tras el correspondiente trámite administrativo que no puso de acuerdo a las partes; el juzgado sentenció a favor del Ayuntamiento, que se había negado al pago de la indemnización por considerar extemporánea la reclamación al entender prescrito el derecho de la promotora.

No obstante, en esa sentencia lograron que el juez reconociera que el convenio no está prescrito y que, de respetarse los plazos y condiciones de reclamación fijados en el convenio, según la interpretación que de estos hace la sentencia, el Ayuntamiento vendría obligado al pago de la indemnización.

Al amparo de esa sentencia parcialmente favorable, y cumpliendo ya los plazos de reclamación de forma correcta, la promotora inició una nueva reclamación en vía administrativa "que se volvió a topar con la negativa del Ayuntamiento a pagar lo establecido, dando lugar a la apertura de un segundo proceso judicial".

"Se ahonda así, como ya advertían los expertos durante el proceso, en una inactividad administrativa intolerable que al no respetar ese previo pronunciamiento judicial firme ha abocado indefectiblemente a una sentencia favorable a los intereses de la empresa", han señalado.

Además, se introducen en el proceso aspectos legales de posible "inactividad" del Ayuntamiento e incluso de prevaricación, "al no cumplir con la obligación que establece un convenio legalmente firmado en los términos en que el mismo ha sido interpretado por una sentencia firme".

El socio director del Departamento de Urbanismo de Martínez Echevarría Abogados, Carlos García-Manrique, ha explicado que "el hecho de que en el proceso judicial se haya reconocido la total legalidad y vigencia del convenio, así como las correctas formas y plazos de reclamación de la indemnización, ha hecho que los jueces nos dieran la razón ante la manifiesta resistencia del Ayuntamiento al cumplimiento del acuerdo".