La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido este jueves un informe extremadamente duro con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad que suponen un coste de unos 500 millones anuales para los consumidores españoles.

El organismo ha analizado la Orden del Ministerio de Energía que introduce modificaciones en este sistema —como acudir a él para evitar picos en el precio de la luz— pero más que analizar las novedades, hace una especie de 'causa general' contra este sistema que, digamos, retribuye la disposición de las empresas que más electricidad consumen a desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

Red Eléctrica asegura de hecho que "hay situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda" por una punta de consumo extraordinaria o un cambio brusco de las condiciones meteorológicas puede afectar a la generación renovable.

La CNMC, en su informe, reprocha ahora el "elevado" coste que supone este sistema que retribuye esta disposición al 'apagón' de las industrias, tanto si acaban teniendo que desconectarse de la red eléctrica, como si no.

El pago a las industrias se elevó a 508 millones en 2015; el año pasado fueron 503 y este año serán 525 millones. Es decir, más de 1.500 millones en los últimos tres años que se han traspasado a la factura de los consumidores.

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Fuentes del ministerio de Energía explican a 20minutos que al recibo medio le supone un peaje de 0,9 euros al mes. Es decir, un consumidor tipo paga casi 10 euros al año por un servicio que, según la CNMC, tiene un "reducido uso efectivo" en los últimos años. Desde Energía desmienten a este medio que no se use. "En octubre, de hecho, se paró alguna instalación en Asturias porque hubo riesgo de falta de suministro", dicen.

"Ha habido años que esta subvención a la industria le ha costado al sistema, a sus usuarios, cerca de mil millones de euros", explicaba en ese medio hace unos meses José María González Vélez, presidente de Gesternova. "El gobernante debe proteger una industria, pero ¿eso le da derecho a incluir en los costes del consumo eléctrico ese impuesto escondido".

El sistema consiste en subastas en bloques de 90MW —a estas acuden las grandes compañías siderometalúrgicas, papeleras o cementeras que tienen mucha capacidad de consumo— y otros de 5MW a los que acuden consumidores energéticos más pequeños.

La próxima será en diciembre y tendrá un precio de salida de 150.000 euros por megavatio del bloque de 5MW y de 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW. Es decir, las empresas que acudan a la subasta —que es presencial— recibirán ese dinero por cada megavatio que estén dispuestos a apagar. Y las pujas son descendientes desde el precio de salida, al estilo de las lonjas de pescado, hasta que alguien diga 'compro'.

El organismo dependiente de Economía reprocha que este sistema es "complejo" y costoso. La duración de la subasta en ocasiones se prolonga cinco días y el coste de organizarlo (de 504.000 a 660.000 euros) es "elevado" comparado con las subastas de luz y gas (de 75.000 a 205.000 euros).

Además critica que las subastas de 90MW "favorecen a las grandes industrias" y son susceptibles de plantear poca presión competitiva por el escaso número de empresas que participan en ellas. La propuesta de la CNMC es "desagregar" ese volumen —o "permitir agregaciones" de las ofertas en los bloques de 5MW— e insta a Red Eléctrica a justificar que "realmente es necesario" subastar unas cantidades tan elevadas de potencia.

La Comisión Europea está investigando precisamente estos días a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a eléctricas nacionales. Según Bruselas, estos mecanismos no pueden suplir la reforma que requiere el sector eléctrico y podrían ser "ayudas de estado no autorizadas".