Según informa la formación popular en una nota, Loaiza, tras conocer la liquidación del Plan Invierte 2016 en la Junta de Portavoces celebrada este miércoles, ha señalado que el caso de San Roque es especialmente escandaloso porque el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), es vicepresidente de la institución provincial.

"Ruiz Boix ha perdido tres proyectos de inversión para San Roque porque no se ha enterado, ni como alcalde ni como vicepresidente, de cómo funcionaba el plan, algo que no da mucha confianza", ha ironizado Loaiza.

Asimismo, el dirigente popular ha considerado "inexplicable" que la concejala del Ayuntamiento de Arcos y diputada provincial, Ana Carrera (PSOE), siga ostentando sus responsabilidades de Fomento en el Consistorio y de Empleo en Diputación tras "haber perdido proyectos del Plan Invierte para Arcos y 30 millones de euros de fondos europeos para la provincia de Cádiz".

A este respecto, Loaiza ha afeado el hecho de que, "por vergüenza política, Carrera no haya dimitido ya o la hayan cesado".

Igualmente, ha recordado que la liquidación del Invierte 2016 refleja "las consecuencias de la pelea entre la presidenta de Diputación, Irene García, y la alcaldesa socialista de Jerez, Mamen Sánchez, dejando a las Entidades Locales Autónomas (ELA) sin inversiones y ofreciendo unos titulares vergonzantes en los que se acusaban una a la otra de deslealtad".

Loaiza ha advertido, además, de que "el crédito político de Diputación se encuentra en horas bajas" y ha acusado al PSOE de "perder dinero público destinado a los pueblos". En este sentido, ha recordado que, "en 2016, al Gobierno de García le sobró 64 millones de euros".

Respecto a la crisis de confianza institucional, el portavoz popular ha asegurado que "la Diputación ha suspendido la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia con fomento de la economía social por incongruencias y errores detectados en los pliegos".

En ese aspecto, Loaiza ha lamentado que "se despache este asunto, la paralización un contrato de 20 millones de euros, con un decreto" y ha pedido a la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, a que dé "explicaciones públicas".