Así lo ha señalado este miércoles a Europa Press después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén le haya dado de plazo hasta el 27 de noviembre para ingresar voluntariamente en la cárcel para cumplir tres años y dos meses impuestos desde el Tribunal Supremo (TS) por un delito de falsedad del que inicialmente había sido absuelto por la Audiencia jiennense; una comunicación que se produce tras el rechazo del Consejo de Ministros a su petición de indulto parcial.

"La situación emocional es bastante delicada porque ninguno esperábamos que esto resultara así. Estaba confiado en que el Consejo de Ministros pusiera un poco de cordura, sentido común y humanidad, pero parece que no han estado por la labor de hacerlo así", ha afirmado.

Gómez Sevilla ha considerado que el panorama al que se enfrenta es "absolutamente desproporcionado", teniendo en cuenta, además, la situación general política en España y "la cantidad de casos de corrupción en los que efectivamente ha habido malversación de dinero público, que se han llevado a sacos"; el "beneficio a un montón de empresas" y la existencia de "gente con dinero negro en Suiza de negocios ilegales sacados de la arcas públicas".

Al hilo, ha recalcado que en sus dos sentencias se recoge "que no se ha desviado ni un solo euro de dinero público, no ha habido malversación de caudales, no ha habido beneficio" suyo ni de terceras personas y "no ha tenido ninguna trascendencia ni tampoco tuvo la intención de tener trascendencia", ya que "lo único" que hizo "fue dar los jornales, que era para lo que venía el dinero del PER".

"Que por eso, comparado con otros, yo tenga que pasar en prisión tres años y dos meses y haya gente que en este país se ha ido de rositas sin pisar la cárcel, me parece no sólo desproporcionado, sino absolutamente injusto", ha manifestado el exalcalde de Huesa, quien ha dicho estar "anímicamente fastidiado".

Ha añadido, no obstante, que intenta "sacar fuerzas de flaqueza y plantearlo de la fuerza más optimista posible" y tratar que, "dentro de lo malo que sea lo más leve posible". Para ello, su abogado cursará una petición a la Audiencia de Jaén pidiendo que se amplíe el plazo para su ingreso en prisión, puesto que regenta una gestoría que es el medio de vida de su familia y necesita arreglarlo todo antes de abandonar su actividad profesional, y trabajará para que una vez en la cárcel se le clasifique inicialmente en tercer grado penitenciario.

"Es lo único que nos queda; ya no hay posibilidad de recurso ni medida de gracia ni nada por el estilo. Tengo que entrar en prisión, pero intentar que sea lo más liviano posible y a ver si tengo suerte y me conceden el tercer grado y la excarcelación lo antes posible", ha comentado Gómez Sevilla, para el que es "excesivo" y "disparatado tener que pasar tres años y dos meses por algo que nadie en su sano juicio puede considerar delito".

En esta tesitura, ha valorado los "mensajes de solidaridad y ánimo" que está recibiendo por parte de sus vecinos, un respaldo que "reconforta mucho". "En la práctica, por desgracia, no podemos hacer nada, pero al menos el apoyo moral lo tengo y lo siento y también me ayuda", ha declarado.

ANTECEDENTES

La Audiencia de Jaén condenó en diciembre de 2015 a Gómez Sevilla, como inductor, y al arquitecto municipal, como autor, a seis meses de suspensión para empleo o cargo público a cada uno por un delito de certificación falsa. La misma sentencia absolvió al exalcalde de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia de la Audiencia y seis meses después el Supremo, en junio de 2016, la echó por tierra y acabó condenando a tres años y dos meses de cárcel, más el pago de una multa de 3.600 euros al exprimer edil por un delito de falsedad.

Según los hechos probados, Gómez Sevilla solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones finalistas, una de 13.206 euros de la Diputación para la adquisición de materiales y otra de 34.414 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, para la realización de la obra 'Ensanche de la Fuente del Popi', aprobada por el Ayuntamiento de Huesa en 2008. Aun conociendo el destino de dichas cantidades, Gómez Sevilla, utilizó las mismas para pagar nóminas por trabajos en otras obras del municipio.

El arquitecto municipal, siguiendo órdenes del alcalde, emitió certificado final de la citada obra en 2009, con el objeto de justificar el destino para el que habían sido concedidas y evitar la devolución; presentando el alcalde dicho certificado ante los organismos subvencionadores.

Como no se habían realizado las obras, se aprobó por el Ayuntamiento un segundo proyecto, llamado Reforma Plazoleta Calle Úbeda, que era una copia casi idéntica del anterior, por el que recibió una nueva subvención de 42.700 euros, emitiéndose por el alcalde y el arquitecto las órdenes de pago, certificaciones de inicio, parciales y final de obra que, esta vez, sí fueron ejecutadas.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo indica en su sentencia que si una orden de pago con cargo a una subvención finalista para realizar un determinado proyecto, que está sujeto además a su comprobación posterior, altera dicha finalidad para hacer efectivas nóminas por otros trabajos ajenos al destino del dinero, "comporta una alteración relevante del mismo aplicado a una partida presupuestaria oficial, incumpliendo no solo la función probatoria del documento, el pago de los trabajos realizados conforme a la subvención, sino garantizadora de haber aplicado a su fin específico el dinero recibido".

Para justificarlo, añade la Sala Segunda, era necesario certificar la terminación de las obras subvencionadas, llegando incluso a duplicar determinados trabajos del primer proyecto que fueron por ello doblemente subvencionados, lo que hizo necesario otro segundo, copia del primero, que sí fue ejecutado con una segunda subvención.