La Fiscalía ha dicho este martes, en el primer juicio del caso Púnica, que Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le "amurallaron para conseguir su impunidad" y ha asegurado que los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron "una constante".

De este modo, en la primera sesión del juicio por el chivatazo de un guardia civil que alertó a Granados sobre las investigaciones sobre él, y que celebra la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen García Cerdá se ha opuesto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, reclamada por el abogado de Granados, que se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel.

Justo cinco meses después de ser excarcelado tras pasar dos años y medio encerrado, se sienta en el banquillo junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, responsable de dar el soplo, y su amigo José Manuel Caro, guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid, todos ellos acusados de un delito de revelación de secretos.

La intervención de la conversación sobre el soplo ha sido una prueba más de las "muchas las veces en que se ha puesto de manifiesto ese intento de conseguir información" por parte de Granados y era algo, según la fiscalía, que "entraba dentro de lo esperado y que confirmó el abuso de poder y la influencia que ejercía" en Valdemoro, municipio madrileño en el que fue alcalde.

Por tanto, las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por el entonces juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, ante los "indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias" que llevó a investigar a Granados.

Esas intervenciones además, ha proseguido, no produjeron ningún "perjuicio real" a Granados, por lo que no existió vulneración alguna a su derecho a la intimidad y de secreto de las conversaciones, como ha alegado su abogado para pedir su nulidad.

En esos momentos, ha explicado García Cerdá, Granados era una persona pública que construyó "un entramado clientelar" para canalizar las ganancias ilícitas y buscar su impunidad", razones suficientes, ha considerado, para intervenir sus comunicaciones.

Para la Fiscalía Anticorrupción, "existe un relato fáctico exhaustivo" de todos los actos que ha pedido anular la defensa de Granados, por lo que se ha opuesto a todas esas nulidades y ha recordado un atestado de la Guardia Civil en el que se denunciaba "un elenco de delitos" que amparaba la investigación de cualquier actividad delictiva cometida por el exdirigente madrileño.

Tras la oposición de la Fiscalía y de la acusación que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) a las cuestiones previas expuestas por las defensas de Granados y de los otros dos acusados por el chivatazo la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, las ha rechazado.

Respecto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, ha anunciado además que tras la practica de la prueba podrá pronunciarse y dar respuesta más detallada.

En cuanto a la alegación de la defensa de Granados, que ha cuestionado que no se juzgue también por estos hechos al considerado su socio en la trama Púnica, David Marjaliza, porque él se benefició asimismo de este chivatazo para destruir pruebas, la presidenta del tribunal ha manifestado que solo se puede juzgar a las personas a las que la Fiscalía ha acusado por estos hechos.

Rodríguez Talamino ha insistido en su declaración en que él no dio el soplo al exsecretario general del PP madrileño de que la Unidad Central Operativa le estaba investigando; solo le dijo, ha dicho, que había una investigación en curso en la localidad madrileña de Valdemoro, pero sin entrar en detalles.

Así, ha negado ser el responsable del 'chivatazo' dado durante las fiestas de Valdemoro en septiembre de 2014. "No le hice ninguna referencia a ninguna instalación", ha dicho respecto a las cámaras que se colocaron frente a los negocios del empresario David Marjaliza, al que, ha explicado, no conocía "absolutamente de nada".

Sobre el relato de hechos, Talamino -nombre con el que se bautizó esta pieza de la trama Púnica- ha explicado que la noche del 6 de septiembre se encontró a Caro con su familia y hablaron de lo "típico", y ha rechazado que le comunicara su intención de contactar con Granados para advertirle de las pesquisas.

Al día siguiente, coincidió con el expolítico popular y estuvieron compartiendo "chistes de whatsapp" en una conversación breve que duró "cuatro minutos". "Le dije: hay tanto trabajo que la unidad ha llegado hasta a Valdemoro", ha añadido.

El Ministerio Fiscal denuncia en su escrito que tras estos encuentros Talamino viajó a la Comunidad Valenciana en el marco de una "operación ficticia" que se había montado para mantenerle alejado de su lugar de trabajo. A su vuelta, los dos agentes se desplazaron al domicilio del cabecilla de la trama para comunicarle los pormenores de las pesquisas, hechos que Talamino ha negado.

Por su parte, Caro ha comentado que Granados habló varias veces con él esos días, ha negado que presionara a Rodríguez Talamino para que le diera más información y ha asegurado que éste le dijo que no tenía más datos y que no le consta que Granados avisara a Marjaliza para que ocultara pruebas. "No tuve le percepción de que había una investigación de la UCO", ha explicado.

La fiscal le ha preguntado por doce llamadas telefónicas en las que habló con Granados entre los días 6 y 13 de septiembre de 2014, a raíz de lo que Talamino habló con el exconsejero.

Según la Fiscalía, el soplo permitió a Granados adoptar "medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito" y gracias a él pudo ocultar el dinero en efectivo no declarado en casas de amigos y familiares, entre ellos sus suegros, de los que se valió para ocultar un millón de euros en el altillo de una habitación.

Mantiene que además alertó a Marjaliza, quien destruyó documentación incriminatoria, escondió dinero "con el que retribuía a alcaldes" y ocultó documentos que demostraban la existencia de fondos en el extranjero.