El pleno del Congreso ha dado este martes el primer paso para declarar la ilegitimidad y la nulidad de los tribunales franquistas y, por tanto, de todas las sentencias dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, y que hasta ahora solo se contemplaban como ilegítimas. La Cámara Baja ha aprobado con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, ERC y PNV la toma en consideración de una proposición del PDeCAT de reforma de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad y no únicamente la ilegitimidad de estos tribunales políticos y, por tanto, de sus condenas para así reparar jurídicamente a las víctimas.

De su lado, tanto el PP como Ciudadanos han alertado de que la iniciativa puede provocar situaciones de inseguridad jurídica y no la han respaldado, si bien Ciudadanos se ha abstenido.

Se trata de la primera iniciativa legislativa que se ha debatido en el Congreso en esta legislatura para revisar esta ley, aprobada en diciembre de 2007, pero no será la última, puesto que el PSOE está ultimando su propia reforma para, además de anular esos juicios, sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos o ilegalizar la fundación que lleva su nombre.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá ha puesto como ejemplo la ley catalana, de un solo artículo, que declara ilegales los tribunales del franquismo y, por consiguiente, declara nulas sus sentencias. Ha recordado que esa ley fue aprobada en el Parlamento de Cataluña con el apoyo del PP y Ciudadanos. "En este hemiciclo hay una mayoría plural suficiente para revisar la ley de la Memoria Histórica", se ha mostrado convencido.

El pasado 12 de septiembre, el pleno de la Cámara baja declaró nula la sentencia por la que fue ejecutado el presidente de la Generalitat Lluís Companys en octubre de 1940, gracias a una iniciativa del PSOE que salió adelante con el apoyo de Unidos Podemos y el PDeCAT.

Desde ERC, Joan Tardá ha anunciado el voto favorable de su partido a la toma en consideración de la iniciativa, aunque ha anunciado que se descolgarán de ese apoyo si durante la tramitación parlamentaria no se modifica la ley para declarar "ilegales" los tribunales del franquismo. "No seguiremos participando de este gran fraude que ha hecho llorar a miles de personas que siguen viendo como hoy la administración les sigue negando la nulidad de las sentencias", ha denunciado.

El socialista José Zaragoza ha arremetido contra el PP y contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por "presumir" de destinar "cero euros" a la ley de Memoria en un intento de "desactivar" su efectos. Una "gran irresponsabilidad", ha reprochado el diputado a Rajoy, subrayando que solo desde el cumplimiento de la ley se puede exigir a los demás que la cumplan, en alusión a la crisis catalana, a la que el diputado socialista ha hecho referencia varias veces.

Aunque apoyan la proposición del PDeCAT, Zaragoza ha avanzado que presentarán una iniciativa legislativa para "mejorar" la Ley de la Memoria que promovió el PSOE hace casi diez años, una ley —ha dicho— que no ha tenido el recorrido suficiente.

En nombre del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Xavier Domènech, ha dado su apoyo a una iniciativa que, a su juicio, trata de acabar con la "humillación" que ha supuesto para muchas víctimas que se les haya denegado la nulidad de sus sentencias.

Domènech ha calificado de "chorrada" el argumento de que la nulidad de los tribunales crearía "inseguridad jurídica" y ha criticado duramente que PP muestren reticencias a una propuesta que apoyaron en el Parlamento de Cataluña. "No me extraña porque ustedes tienen un espíritu guerracivilista", ha denunciado.

También a favor de la iniciativa se ha pronunciado el PNV al entender que la Ley de Memoria Histórica se quedó corta en este aspecto, según ha explicado el diputado Mikel Legarda, que ha abogado por la "plena reparación" de aquellos que fueron víctimas de la violencia franquista.

En contra de la propuesta, el diputado del PP Francisco Martínez ha reprochado al PDeCAT que presenta una iniciativa sacada del "túnel del tiempo" y con una argumentación jurídica "muy deficiente". Tras reiterar que la nulidad de todos los tribunales franquistas generaría inseguridad jurídica, ha recordado que la ley de la Memoria Histórica tenía como objetivo "cerrar heridas" y ese fin se puede entender cumplido diez años después de su entrada en vigor.

Por su parte, Ciudadanos ha decidido abstenerse para facilitar el debate, si bien el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, cree que hay que dejar de mirar "hacia atrás" para mirar hacia el futuro.

La propuesta del PDeCAT plantea modificar el artículo 3 de la ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para "imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.

Igualmente apuestan por declarar "ilegítimas y nulas" las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura "contra quienes defendieron la legalidad institucional" republicana, "pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordado que hace 10 años, cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.

Entonces, subrayó, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. Por eso, ha defendido la necesidad de anular por ley aquellas sentencias, siguiendo el modelo de Alemania que declaró la nulidad de los juicios del nazismo en 1998.