Autoescuelas en huelga de hambre confían en que la DGT y los examinadores alcancen un acuerdo en su reunión

  • El presidente de la asociación provincial de autoescuelas de Almería (Asoproal), Rafael Villegas, quien acumula seis días en huelga de hambre junto con la vicepresidenta de la asociación, Luisa Orcera, confía en que el Gobierno y el colectivo de examinadores alcancen un acuerdo este martes durante la reunión que tienen prevista para que los centros de formación puedan retomar su labor con normalidad.

"Esperemos que lleguen a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y se solucione el problema", ha dicho Villegas en declaraciones a Europa Press, en las que ha apuntado que el sector confía en que los paros parciales, que han tenido un impacto negativo de más de un millón de euros, según los datos del sector, se acaben.

Asimismo, ha indicado que la huelga de hambre que mantiene junto con la vicepresidenta de la asociación en dos autocaravanas aparcadas frente a la sede de Tráfico en Almería finalizará mañana por "recomendación de los médicos", ya que durante los últimos seis días solamente han ingerido "agua con azúcar y agua de coco". "Aguantaremos hasta mañana y levantaremos campamento, pero si no hay acuerdo tendremos que ver otras medidas", ha advertido.

No obstante, el representante de Asoproal cree que las actuaciones llevadas a cabo por los profesionales del sector en los últimos días, unidas a los movimientos de los implicados en el conflicto, "no han caído en saco roto", por lo que cree que podrá alcanzarse un pacto este martes que lleve a las autoescuelas a retomar su actividad diaria con normalidad.

Cabe recordar que los examinadores, organizados a través de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), llevan desde junio con paros parciales y jornadas de huelga todos los lunes, martes y miércoles de cada mes (a excepción de agosto), de modo que plantearon que podrían alargar la huelga hasta finales de año si no había acuerdo con Tráfico.

El colectivo pide a la DGT la subida del complemento específico -de unos 240 euros al mes-, pero el órgano dependiente de Interior insiste en que no tiene competencias para llevar a cabo esta mejora retributiva.

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