El Registro gallego de identificación de animales de compañía (Regiac) contabiliza un total de 14.125 perros potencialmente peligrosos. En total, existen 490.601 animales inscritos en este registro.

Los datos, facilitados por la Xunta a Europa Press, son los últimos disponibles y relativos a 2016, año en que se registraron 428 infracciones por parte de dueños de perros que generaron 147 sanciones por valor de 512.524,66 euros, si bien desde entonces cambió la normativa (la última aprobada es de octubre de este año).

Hace este sábado justo una semana, dos perros de raza potencialmente peligrosa -cruce de dogo de Burdeos con bóxer- atacaron gravemente a una mujer de 82 años en la localidad pontevedresa de Covelo. En este caso, el animal ni siquiera figura en el registro, no estaba debidamente identificado y no consta que tenga seguro de responsabilidad civil, características a las que obliga la ley vigente.

Días después, en el también pontevedrés municipio de Mos, una mujer de 76 años fue atacada en su casa, propiedad de su hijo. No obstante, en este caso el perro sí contaba con microchip aunque la titularidad del can todavía no había sido transferida del anterior dueño al actual.

Al respecto, y a preguntas de Europa Press, la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Beatriz Mato, ha indicado que la "no consta que se haya presentado denuncia" y ha añadido que la Xunta "actúa abriendo el correspondiente expediente, una vez que el órgano instructor (en este caso la Guardia Civil) dé traslado sobre los hechos e infracciones imputables".

Precisamente, este mismo viernes finalizaron las diligencias de conocimiento que realizó la Guardia Civil, las cuales fueron remitidas al juzgado en esa misma jornada, aunque todavía no se han practicado las siguientes actuaciones, según las fuentes consultadas por Europa Press.

"CON TOTAL CONTUNDENCIA"

Por otro lado, la Consellería de Medio Ambiente ha defendido que aplica la ley "con total contundencia e imparcialidad" y, en esta línea, se ha referido a las sanciones que ha impuesto en el año 2016, último dato completo disponible.

En cuanto al control e inspecciones, este departamento autonómico ha señalado que, sobre los perros no registrados (potencialmente peligrosos o no), "deberá ser realizado necesariamente 'in situ' tras detectar la presencia del animal" y ha significado que hay que tener en cuenta que "se trata de animales de los que no hay constancia", de ahí que también juegue un papel relevante la denuncia de un tercero.

Medio Ambiente ha reconocido que "se han recibido denuncias relacionadas con la venta irregular de animales, en ocasiones a través de plataformas o de internet", como ha denunciado recientemente la asociación animalista Libera!.

Con todo, la consellería ha matizado que las infracciones "se derivan del incumplimiento sobre los requisitos de cría y venta" y

"no por implicar animales considerados potencialmente peligrosos".