Los hechos tuvieron lugar con ocasión de la celebración de una manifestación no autorizada convocada por el grupo autodenominado 'errepresioari autodefentsa'. Durante el trascurso de la misma, formaron barricadas con el vuelco de contenedores y lanzaron piedras y botellas contra los agentes de Policía.

Después de lo ocurrido, la Audiencia Provincial de Navarra y la Audiencia Nacional reivindicaron la instrucción del caso y el Tribunal Supremo tuvo que dirimir el conflicto de competencia, resolviendo a favor del Juzgado Central de Instrucción número 3 que dirige Lamela, que entiende que los disturbios encajan en el delito de terrorismo.

Para la magistrada, los hechos ocurrieron dentro de un grupo organizado y el conjunto de acciones fueron "claramente planificadas" llevadas a cabo por los tres investigados, que llegaron a Pamplona desde Rentería (Guipúzcoa).

Y el Supremo le dio la razón al considerar que los disturbios ocurrieron "mediante conductas concertadas dirigidas a crear un estado de terror e inseguridad ciudadana, por lo que al menos de forma indiciaria" podrían ser "perfectamente subsumidos en el delito de terrorismo del artículo 573 del Código Penal", en concurso con presuntos delitos de lesiones, daños, desórdenes públicos, incendio y atentado.

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